Los universitarios malagueños paralizan las clases cinco días en protesta por la falta de financiación y la reducción de la calidad educativa

Escasez de recursos en los laboratorios, ausencia de excursiones formativas, límites para hacer fotocopias en los departamentos, materiales reutilizados y precarios para las prácticas, una plantilla desbordada. “La infrafinanciación nos afecta mucho en el día a día. La calidad de la educación es cada vez peor”, denuncia Javier Borrego, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga (CEUMA). Es el principal argumento con el que ha convocado a los más de 35.000 alumnos y alumnas de la institución a un paro académico que ha comenzado este lunes y se extenderá hasta el viernes. “Nunca había visto algo igual, está todo vacío”, subraya un catedrático, que entiende el hartazgo estudiantil a una situación crítica mientras las administraciones fomentan las universidades privadas.

A primera hora de la mañana, los autobuses que se dirigían hacia el Campus de Teatinos, al norte de Málaga, transportaban a muchas menos personas de lo habitual. Las cafeterías de los distintos centros apenas han puesto desayunos. Y la mayoría de facultades estaban vacías, con un silencio que apenas rompía el profesorado, que sí ha acudido a trabajar porque no estaban llamados al paro académico. “Si hubiese sido una huelga, muchos hubiéramos ido”, expone uno de ellos.

La decena de docentes consultados por EL PAÍS han destacado que apenas han tenido alumnos durante la mañana y que las clases se han suspendido en la mayoría de centros, aunque dependía mucho de cada caso. “Para encontrar un alma hay que dar muchas vueltas, está todo vacío”, afirmaba una profesora desde Turismo. “Más vacío de lo normal, pero con el suficiente número de alumnos para que se respire algo de normalidad”, añadía otro desde Educación.

En Económicas “parece un día como otro cualquiera”, aseguraban fuentes de ese centro. Según la UMA, durante la mañana se han registrado la mitad de conexiones a la señal wifi que un lunes normal, de ahí que calculen que la participación en el paro haya rondado el 50%, cifra que los convocantes aumentan al 80%.

La protesta se une a la reciente en Madrid con motivos muy similares. Y ha tenido como principal acto reivindicativo una concentración frente a la sede de la Delegación de la Junta de Andalucía en Málaga. Durante la hora y media que ha durado, el centenar de alumnos que han participado han contado con el apoyo de Comisiones Obreras, PSOE e Izquierda Unida.

“Falta dinero y por eso tenemos menos profesores, los que tenemos están desbordados, no tenemos quien dirija nuestros TFG, apenas hay recursos para hacer prácticas, los materiales son cada vez más precarios. La calidad se está resintiendo mucho”, explicaba Borrego, el presidente de CEUMA, que portaba un cartel donde se podía leer Universidad pública siempre.

Una nueva ley con oposición del alumnado

Además de la falta de dinero público, el alumnado también se queja de que la Junta de Andalucía no ha aceptado ninguna de sus enmiendas a la nueva Ley Universitaria Para Andalucía, conocida como LUPA. “Es una ley para estudiantes, pero está hecha sin nuestra opinión y tiene muchos aspectos que nos perjudican”, insistía el joven. Este lunes, el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, advertía en el Parlamento andaluz que la ley está “en el límite de la inconstitucionalidad” y que invade “la autonomía universitaria”. La consejería del ramo la defendió porque, según un comunicado, sirve para “actualizar” el sistema.

“Estamos contentos de que los estudiantes se movilicen y se alineen con lo que el profesorado ya denuncia desde hace tiempo. Los recortes son claros. La Junta está apretando en un intento de ahogar al sistema público”, relataba un docente de la Facultad de Ciencias de la Información. “El paro es muy apropiado porque la Junta de Andalucía parece que nos está castigando a la vez que promueve las instituciones privadas. Y el estudiantado se está cansando de sufrir esa discriminación”, señalaba un catedrático de Turismo.

Solo en Málaga han abierto este año dos: Alfonso X El Sabio y la Universidad Europea de Andalucía, a las que se une UTAMED, que cuenta únicamente con grados online. Todas tienen apoyo público tanto de la administración andaluza como del Ayuntamiento de Málaga, ambas instituciones en manos del PP. El coordinador autonómico de Izquierda Unida, Toni Valero, criticaba este lunes que el Partido Popular mantiene “la universidad pública en la UCI para que pueda crecer la privada” al tiempo que apoyaba la huelga estudiantil malagueña.

Situación crítica

Según los datos aportados hace unos días por la gerente de la universidad, Rosario Gómez, al Consejo Social de la UMA, esta recibe 6.390 euros por estudiante durante el curso actual, solo por delante de Almería (6.230 euros) y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (6.120). Está lejos de la media andaluza (6.848 euros) y de Córdoba, que lidera la financiación con 7.691 euros por cabeza, un 22% más.

Los presupuestos de la UMA para 2025 recogen que esta financiación “ha sido inferior a la media” entre 2012 y 2024, a excepción del primero. Por eso, según los cálculos de la institución, si hubieran recibido la media de los centros andaluces, habrían obtenido 216,54 millones más en este periodo y la situación económica sería “posiblemente muy distinta” a la actual, como recoge el texto.

Según el estudio Las universidades públicas Españolas. Una perspectiva autonómica 2025, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo y correspondientes al curso 2022/2023, Málaga está por debajo de la media andaluza en transferencias corrientes, gastos corrientes y gastos de personal por alumno. A cambio, lidera el precio que cuesta a cada alumno.

La salud de la Universidad de Málaga es especialmente crítica debido, además, a una deuda que a finales del curso pasado superaba los 44 millones de euros, lo que obligó a un fuerte plan de ajuste que incluye la poca reposición del profesorado. La Junta de Andalucía apretó aún más como condición para prestar 48,5 millones de euros al 1% de interés con el objetivo de garantizar la actividad educativa y pagar a los proveedores.

La administración andaluza culpó al anterior equipo de gobierno de la situación porque, denunciaron, gastó algo más de 70 millones de lo autorizado por Hacienda, al impulsar las nuevas facultades de Psicología y Turismo o el flamante Pabellón de Gobierno. Fueron obras empezadas antes de la llegada de la pandemia, cuando el organismo estaba muy saneado.

Ese año la administración andaluza le pidió 36 millones de euros prestados para el Fondo de Emergencia Social y Económica contra la covid-19, que según la institución académica nunca fueron devueltos. “Están intentando estrangular a las universidades públicas andaluzas para que no tengan recursos”, declaraba entonces Antonio Sánchez, responsable de Comisiones Obreras en la institución universitaria.