150.000 aspirantes para 23.000 plazas: la gran oposición docente que no reducirá la tasa de interinidad

Unas 150.000 personas se presentan este sábado a oposiciones para cubrir cerca de 23.000 plazas de maestros, profesores y docentes de FP, artes plásticas y Escuelas Oficiales de Idiomas, según cálculos sindicales, en 13 de las 17 comunidades autónomas ―las excepciones son Canarias, Cataluña, Murcia y País Vasco―. Por cada puesto hay seis candidatos. A pesar del volumen de plazas, la convocatoria apenas reducirá el elevado porcentaje de docentes interinos que lastra la enseñanza pública española, que los sindicatos estiman entre el 27% y el 33%, según realice el cálculo Comisiones Obreras o CSIF.

En 2021, el Ministerio de Educación aprobó un plan de estabilización para tratar de reducir la temporalidad al 8%, el objetivo marcado por la Comisión Europea. Sin embargo, a pesar de que desde entonces y hasta inicios de este curso las comunidades autónomas habían convocado más de 116.000 plazas a las que concurrieron más de un millón de aspirantes, la tasa de interinidad, según los cálculos de CC OO, solo bajó del 29,1% al 26,9%. Y las oposiciones de este año tampoco harán apenas mella en la temporalidad porque “apenas sobrepasan la plantilla de funcionariado de carrera que se ha jubilado o ha salido del sistema” durante el último año, señala el sindicato.

La temporalidad docente tiene diversas consecuencias negativas. Por un lado personales, al hacer que entre una cuarta y una tercera parte de los docentes no sepan hasta casi el inicio del curso siguiente dónde darán clase. Y, por otro, sistémicas, como el hecho de hacer difícil que los centros públicos mantengan un proyecto educativo sólido, dado las frecuentes entradas y salidas, así como el hecho de tener que arrancar cada año con varios puestos por cubrir. La llegada de los interinos a principio de curso puede tardar semanas, y, dichos docentes no saben qué ciclo van a tener que impartir hasta justo antes de incorporarse, lo que les impide prepararse.

Daños de la Gran Recesión

La alta interinidad del sistema educativo español es una de las heridas que dejó la Gran Recesión en el sistema de enseñanza español que, pese al tiempo transcurrido, no ha sanado. Los recortes ejecutados entonces incluyeron una fuerte reducción de la tasa de reposición ―el porcentaje de plazas de docentes que se jubilaban o dejan de dar clase por otros motivos que pueden cubrirse―. Esta se fijó en el 30% en los Presupuestos Generales del Estado de 2010. Y en el 10% en los de 2012. La tasa solo subió al 50% (es decir, por cada dos docentes que salían del sistema podía convocarse una plaza) en 2014. Volvió al 100% en 2016. Y solo se aumentó por encima de la mera reposición, en 2022, con una tasa del 120%.

El Gobierno dio un paso más en los Presupuestos de 2023 ―que son los que siguen en vigor― al levantar el límite a la tasa de reposición. “Cada Administración podrá autorizar, con carácter extraordinario, una tasa específica que sea necesaria para dar cumplimiento del objetivo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8% de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos, siempre que venga justificado de acuerdo con el instrumento de planificación plurianual con que deberá contar”, señala la ley de presupuestos en vigor.

Los sindicatos lamentan que, pese a tener el margen necesario para hacerlo, las comunidades autónomas no lo hayan aprovechado. CSIF calcula que la actual plantilla sigue teniendo un déficit de 44.000 docentes respecto a la situación previa a los recortes de la crisis financiera. Y CC OO estima que harían 112.000 plazas “para reducir realmente la temporalidad al 8% en los cuerpos docentes”.

La tasa de interinidad es muy diferente entre unas comunidades y otras. Según el informe de inicio del curso que acaba de terminar publicado por Comisiones Obreras, esta va del 16,3% en Galicia, el 17,1% en Baleares, y el 19,6% en Andalucía, al 47,3% de Canarias, el 43,4% de Euskadi, y el 40,2% de Aragón.