Mantener empresas zombis: una cuestión de Estado en China

En la línea de producción de una licorería de 69 años de antigüedad en el noroeste de China, una docena de trabajadores se esfuerza en pegar etiquetas a mano en botellas de un licor picante conocido como baijiu, la bebida espirituosa más popular del país. La ineficiencia de la empresa Shaanxi Qinyang Changsheng Brewing, que no ha obtenido ganancias desde 2020, podría parecer una anomalía en un país donde los robots están reemplazando el trabajo manual. Pero es una situación que se repite por todo el país, donde los dueños de empresas y las autoridades locales hacen todo lo posible para proteger los empleos y mantener a flote a las empresas en dificultades. “Si cerramos, nuestros trabajadores perderán sus ingresos y no podrán recibir una pensión”, dijo Megan Xiao, de 35 años, hija del presidente de la empresa que colabora en el departamento de marketing. La fábrica emplea a 300 trabajadores, algunos de los cuales se benefician de un programa gubernamental de alivio de la pobreza. “Cerrar causaría enormes problemas sociales en nuestra zona”, añadió.

En la década de 1990, las autoridades sentaron las bases para el rápido ascenso de China hasta convertirse en el principal fabricante del mundo cerrando miles de empresas improductivas y despidiendo a millones de trabajadores, medidas drásticas que contribuyeron a mejorar la eficiencia en todos los ámbitos. Sin embargo, ahora la economía china —con un PIB de 19 billones de dólares— se desacelera, la demanda de muchos productos está saturada y los consumidores, afectados por una crisis inmobiliaria que dura años, se están volviendo más ahorradores, incluso con la caída de los precios.

La nueva realidad ha dejado a China con las empresas industriales más deficitarias desde 2001, el final de aquel período de reformas. Los líderes locales, agobiados por las deudas, están implementando exenciones fiscales y subsidios para las empresas en un intento por evitar el doble golpe de la pérdida de empleos y de ingresos. La situación obliga al Gobierno del presidente Xi Jinping a lidiar con dos objetivos contradictorios: evitar un desempleo masivo que podría desencadenar malestar social y, al mismo tiempo, cerrar empresas que producen bienes en exceso que están alimentando la deflación en el país y una ola de aranceles antidumping desde Europa a América Latina y Estados Unidos.

Para los principales líderes de China, el empleo es un tema más sensible que el crecimiento económico, según Neil Thomas, investigador de política china en el Centro de Análisis de China del Asia Society Policy Institute. “Se considera que las personas desempleadas tienen menos que perder al protestar y representan un mayor riesgo”, explica. “Por lo tanto, es probable que los esfuerzos centrales para reducir la capacidad industrial encuentren resistencia, no solo por parte de los empleados y gerentes de las empresas afectadas, sino también de los funcionarios locales cuyo rendimiento se evalúa en función de la estabilidad social”.

El enfrentamiento arancelario entre Xi Jinping y Donald Trump no ha hecho más que agravar el problema. La guerra comercial ha reducido drásticamente las exportaciones a Estados Unidos y ha puesto en peligro millones de empleos en China, incluso después de que una tregua redujera las tarifas adicionales de Washington del 145% al 30%. El sector manufacturero representa una quinta parte de la fuerza laboral china, según Deutsche Bank AG, más del doble que en Estados Unidos.

Si bien la política de Xi de “nunca doblegarse” ante el régimen arancelario más severo de Estados Unidos en un siglo ha generado apoyo popular en China, los despidos podrían deteriorar rápidamente esa opinión. Las protestas nacionales que llevaron a Xi a poner fin abruptamente a la política de covid cero a finales de 2022 ejemplificaron la sensibilidad del Partido Comunista ante el malestar social.

Ya hay señales de que el debilitamiento del mercado laboral se ha convertido en un tema delicado: una de las mayores plataformas de contratación online de China, Zhaopin, dejó de publicar los datos salariales que había recopilado durante al menos una década.

Los responsables políticos chinos llevan décadas luchando con el problema del despilfarro en la producción. A finales de la década de 1990, el primer ministro Zhu Rongji dio el primer paso para resolver el problema lanzando una campaña para cerrar empresas estatales ineficientes que absorbían recursos de la economía mediante fondos baratos y subsidios. Esta reducción del Estado se produjo al tiempo que Pekín implementaba una serie de reformas promercado que atrajeron un aumento de la inversión extranjera e impulsaron una década de crecimiento económico de dos dígitos, lo cual amortiguó el impacto de los despidos masivos. Poco después de que Xi llegara al poder, los principales líderes retomaron esa estrategia con el objetivo de reducir la producción excesiva de acero y otras materias primas, en medio de quejas mundiales de dumping chino.

Sin embargo, esta vez, las industrias que necesitan intervención pertenecen mayoritariamente a sectores donde las empresas privadas desempeñan un papel destacado, lo que otorga a las autoridades centrales menos control sobre quién sale del mercado. La competencia con Estados Unidos también ha elevado la seguridad nacional a la máxima prioridad, reduciendo la tolerancia de Pekín a cualquier factor que genere inestabilidad.

Exceso de capacidad

Aun así, Xi y sus colaboradores reconocen que es necesario abordar el problema del exceso de capacidad. Mientras China se preparaba para una guerra comercial con Trump, el presidente y el primer ministro se comprometieron en marzo a abordar la involution-style competition (competencia de tipo involutivo) entre industrias. Esta expresión, de moda en internet, describe un estado destructivo de intensa competencia provocado por el exceso de capacidad que obliga a empresas y trabajadores a trabajar en exceso pese a obtener cada vez menos beneficios.

Sin embargo, sin una reforma integral de la estructura de incentivos en los distintos niveles del gobierno chino, la inercia entre los funcionarios locales podría ser difícil de superar. Los burócratas chinos son evaluados principalmente por el crecimiento económico de su región y atraer inversión es una de las formas más fáciles de aumentar las cifras. Además, recaudan el impuesto sobre el valor añadido (IVA) pagado por los productores.

Para combatir este problema, el Consejo de Estado chino introdujo el año pasado normas que prohíben a las autoridades locales ofrecer exenciones fiscales o subsidios sin aprobación superior. Los altos funcionarios también han instado a los prestamistas a poner fin al suministro de crédito a las empresas zombi, aquellas que sobreviven únicamente gracias a subsidios gubernamentales o préstamos bancarios.

Si bien no existen cifras oficiales sobre cuántas empresas zombis operan actualmente en China, la consultora Kearney estima que en 2023 estas empresas aumentaron un 27% en el país asiático, aunque solo representaban el 3,4% de todas las compañías.

Pocas regiones ilustran los riesgos de forma tan clara como Shanxi, antaño cuna de la producción de carbón en el noroeste de China, donde hoy miles de minas abandonadas cubren el paisaje. Casi el 40% de las empresas industriales registraron pérdidas aquí el año pasado, casi el doble del promedio nacional.

El Gobierno de Xi, empeñado en dejar de depender de la tecnología occidental, ha desviado la inversión de los sectores de infraestructuras e inmobiliario, impulsando a provincias como Shanxi a recurrir a la manufactura avanzada, con un enfoque en las tres industrias energéticas emergentes: energía solar, vehículos eléctricos y baterías de iones de litio.

La difícil situación de Dayun Automobile es un claro ejemplo. En su apogeo, este fabricante de camiones proporcionó miles de los empleos mejor remunerados en Yuncheng, una antigua ciudad de cinco millones de habitantes a tres horas en tren de la fábrica de baijiu. Tras alcanzar su pico de ventas en 2017, Dayun, al igual que muchos fabricantes de automóviles del país, se adentró en el mercado de vehículos eléctricos, pero tuvo dificultades para vender sedanes premium promocionados como Bentleys chinos.

“Esto es lo triste de la economía china”, reconoce Zhao Xinzheng, de 47 años, quien trabajó para Dayun como vendedor de coches hace dos décadas y ahora emplea a varios de sus antiguos trabajadores en su cadena de restaurantes de desayunos. “Una vez que la gente descubre una buena industria, se lanza en masa y se come los beneficios a la velocidad del rayo.

“La región de Shanxi ni siquiera es apta para la manufactura”, añade. La ubicación interior de la provincia encarece la importación de componentes y el envío de automóviles, y carece de una cadena de suministro competitiva para las piezas. Una de las pocas ventajas que tenían las empresas, comentó, era el apoyo gubernamental: las fábricas recibieron incentivos económicos por establecerse en Shanxi y los camiones de Dayun estaban exentos de peajes en autopistas para impulsar las ventas.

El prospecto de Dayun de 2020 —cuando la empresa intentó realizar una oferta pública inicial de acciones (OPV) para financiar la expansión de sus vehículos eléctricos— ofrece una visión de su relación con las autoridades. Un tercio de los camiones de la marca se vendió a una empresa propiedad en su totalidad del Gobierno de Yuncheng en los tres años previos al intento de salida a Bolsa, según el folleto, mientras que los beneficios fiscales otorgados por ser considerada una empresa tecnológica representaron más del 10% de sus beneficios. Además, Dayun recibió subvenciones para la venta de vehículos eléctricos entre 2017 y 2018 equivalentes a una quinta parte de sus beneficios durante esos años, según un comunicado oficial.

Incluso ese respaldo resultó insuficiente en el competitivo mercado automovilístico chino, que cuenta con unas 140 marcas de vehículos eléctricos, de las cuales se espera que menos de 20 sean rentables para finales de la década, según la consultora Alixpartners.

Tras una demanda de los proveedores por incumplimiento de pagos, Dayun inició en noviembre un proceso de reestructuración judicial alegando dificultades de liquidez. Sin embargo, tras reducir aproximadamente la mitad de su plantilla, según trabajadores actuales y anteriores, la compañía reanudó la producción de camiones.

Para los residentes locales, el colapso de Dayun es inconcebible. Varios vecinos entrevistados por Bloomberg afirmaron creer que el Gobierno está trabajando activamente para resolver sus problemas y buscando inversores. “Es imposible que Dayun quiebre”, destaca Zhao, dueño de un restaurante. “El Gobierno jamás lo permitiría”. Dayun y el Gobierno de Yuncheng no respondieron a varias solicitudes de entrevista.

Incluso si quisieran, muchas empresas en quiebra en China simplemente no pueden cerrar. Convencer a un tribunal para que acepte el caso suele ser el primer obstáculo, según Wu Jian, socio principal del bufete Zhonglun W&D Law Firm en Pekín, especializado en quiebras. Esto se debe a que, una vez que un asunto ingresa al sistema, los jueces asumen la responsabilidad personal de mantener el orden social, afirmó.

En casos sensibles, los funcionarios judiciales deben visitar los domicilios de los manifestantes y peticionarios para resolver las quejas, según un documento legal de 2021 que cita directrices internas del tribunal. No evitar estos incidentes, especialmente durante eventos gubernamentales importantes o días festivos, podría conllevar sanciones graves, como el descenso de categoría.

“Los impagos y las quiebras son poco frecuentes en China, en comparación con otras economías”, afirma Louis Kuijs, economista jefe para Asia-Pacífico de S&P Global Ratings. “Aunque resulta tentador evitar que las empresas colapsen, ese enfoque impide una asignación más eficiente de los recursos. Además, la falta de disciplina de mercado con respecto a las empresas débiles causa problemas a otras empresas más sanas”, agrega.

Bancarrota del ladrillo

China se ha esforzado por mejorar el sistema de quiebras, ya que los promotores inmobiliarios en mora lidian con una deuda de unos 150.000 millones de dólares. Los tribunales triplicaron el número de casos resueltos el año pasado respecto a 2020. Parte de ese avance se debe a la creación de tribunales especializados en quiebras destinados a limitar la interferencia de los gobiernos locales, aunque solo existen unos 100 en todo el país, frente a más de 3.000 juzgados.

David Li Daokui, asesor habitual sobre política en Pekín, afirma que la solución reside en el gobierno central. Sugiere que los altos funcionarios impongan un sistema de cuotas que restrinja la producción a las industrias con sobrecapacidad. Esto incentivaría a las empresas a salir del mercado, ya que podrían vender sus cuotas a la competencia, según Li, quien también es profesor de economía en la Universidad de Tsinghua.

De vuelta en la licorería, el presidente Xiao Yuxiang está ideando planes para mantener su empresa a flote. Una línea de vino de arroz sin alcohol, pensada para los hábitos de la Generación Z y las nuevas normas que prohíben el alcohol en actos gubernamentales, es el eje central de su estrategia.

Pero a él también le gustaría ver una mayor intervención estatal. Xiao propone un sistema en el que las empresas obtengan licencias para producir licor si cumplen ciertos criterios de creación de empleo y pago de impuestos. Esto frenaría la competencia excesiva y y permitiría que salieran del mercado los productores con menor aportación, afirmó. “Hasta ahora no vemos ninguna determinación del gobierno para resolver el problema”, dice. “La mejora de la economía probablemente dependerá del momento y la firmeza con que se decida actuar”, concluye.