Explotación en el supermercado: jornadas de 12 horas, siete días a la semana, por 800 euros

En esta historia hay representados tres colectivos migrantes que coincidieron por unos meses en un mismo espacio, una pequeña plaza del centro de Badalona. Por un lado están los dueños, de origen paquistaní, de un supermercado grande, un pequeño colmado 24 horas y una droguería, todos situados en las inmediaciones de la plaza; por otro lado hay un grupo de personas recién llegadas de Colombia que querían trabajar pero no tenían papeles; y finalmente está la dueña de un restaurante chino de ese lugar, que, a diferencia de muchos transeúntes que pasaban por ahí, era capaz de ver que algo raro pasaba en los súper. Como muchas historias humanas, los lugares de origen de todos ellos, o su condición de migrantes, no son más que circunstancias añadidas a lo que verdaderamente afecta a su intención de llevar adelante su vida: las condiciones laborales, la situación administrativa y la solidaridad.

Ana María Zuluaga, de 31 años, y Karen Pineda, de 27, son de Bogotá, donde vivían relativamente bien. Una trabajaba de recepcionista, la otra en un call center, y tenían familias que las apoyaban. Pero querían hacer una nueva vida como pareja, y España, en general más amigable con las personas LGTBI, les parecía un buen destino. En febrero de 2023 llegaron a Madrid porque les habían prometido un trabajo, pero las personas en quienes confiaron nunca les respondieron. Ahí empezó el periplo de quien está en una situación administrativa irregular: “Solo queríamos venir a trabajar, pensábamos que sería más fácil, pero nos dimos cuenta de que si no tienes papeles, las condiciones laborales caen al subsuelo”, explica Ana María.

De Madrid pasaron a Badalona, donde vivieron primero en un hostal, para luego pagar 600 euros por una habitación en un piso compartido que luego descubrieron que sus compañeros habían ocupado. “No teníamos ni idea de dónde estábamos, solo sabíamos que teníamos que trabajar porque con el primer mes de alquiler se nos acabó el dinero”, apunta Karen. Ahí conocieron a un joven que había empezado a trabajar con un amigo —ambos colombianos— en los supermercados que regentaban dos hermanos paquistaníes. Necesitaban más gente, así que Ana María se propuso, y preguntó por las condiciones: sin contrato, 800 euros al mes, jornadas de 11.00 a 23.00 horas con media hora de descanso, siete días a la semana con solo el domingo por la mañana libre. En total, unas 80 horas semanales, el doble de lo establecido por el Estatuto de los Trabajadores. “No teníamos nada más”, resume ahora.

Al principio, pese a las duras condiciones, todo iba más o menos bien, pero Ana María pronto se dio cuenta de que el encargado no solo la estaba explotando, sino que cada vez la hacía sentir más incómoda en el plano sexual. “Empezó con piropos, luego cada vez cosas más inapropiadas, y me acorralaba en lugares en los que no había cámaras de seguridad. En una ocasión me dijo que me tenía que poner una camiseta del supermercado y se esperó para mirarme, yo le empujé y él se hizo el tonto. En otra ocasión me pegó en el culo”, relata.

Pese a que le grababa con el móvil, el hombre no dejaba de tener estos comportamientos, y la joven cada vez estaba más harta de las condiciones laborales y de tener que aguantar al encargado. Al cabo de unos cuatro meses, intentó hablarlo con la encargada del otro supermercado, y esta le dijo que ya había ocurrido con otra chica anteriormente, que se fue, y que ella haría bien en hacer lo mismo. “Pensé que me encontraría algún tipo de apoyo, pero me dijo que me fuese”, explica. No tardó en dejar el trabajo.

Para ese entonces, Karen ya había entrado a trabajar también en esos súper, y aunque ella no sufrió este tipo de acoso sexual, sí que padeció las mismas condiciones laborales. Además, explica que veía cómo los otros dos compañeros colombianos recibían insultos por ser también del colectivo LGTBI, y cómo a uno le cogieron el móvil para borrarle las conversaciones y vídeos que demostraban los abusos. Todos decidieron dejar el trabajo y denunciar. “Sabíamos que sería largo, pero no que esta situación se repitiese en otras personas. Nos quedamos sin trabajo y no teníamos nada, en Cáritas nos ayudaron”, explican. Ante las dificultades, Karen se planteó volver a Colombia, pero Ana María se quiso quedar: “Quería demostrarnos que éramos fuertes y podíamos tener la vida que deseábamos”.

La explotación laboral en este tipo de establecimientos es algo que preocupa a las autoridades desde hace tiempo. En 2021, la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo desmantelaron en Cataluña una organización dedicada a la explotación laboral de ciudadanos paquistaníes en situación irregular que trabajaban en condiciones de semiesclavitud en 14 supermercados, la mayoría franquicias de cadenas conocidas. En 2024, los Mossos d’Esquadra desmantelaron otra red criminal que explotaba a paquistaníes en 16 supermercados. Trabajaban con salarios bajos o inexistentes, entornos insalubres y alojados en los sótanos de los negocios. La policía o los inspectores se encuentran con muchas dificultades para que los miembros de la misma comunidad denuncien y puedan aflorar más situaciones de este tipo. En el caso del grupo de colombianos de Badalona, tuvieron claro que debían denunciar.

Durante el proceso, sin embargo, se enfrentaron a las presiones de los dueños de los supermercados, ya que constantemente les llamaban y les ofrecían dinero para que desistieran de la demanda. Uno de los jóvenes aceptó 300 euros y la retiró, pero los demás continuaron. Los dueños solo se presentaron a uno de los tres juicios pendientes. Terminaron cerrando los establecimientos.

Finalmente, los trabajadores ganaron los tres juicios: el juzgado 16 de lo social en Barcelona reconoció la relación laboral de estos trabajadores con los supermercados, certificó los abusos laborales que sufrieron, y condenó a los dueños a pagar los salarios atrasados, las horas extra, y la indemnización por despido en el caso de Karen. Pero entonces se encontraron con otro escollo: la empresa estaba cerrada y se había declarado insolvente, así que no podía pagar. Y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) del Gobierno no puede abonar ningún importe si los afectados no tienen NIE. “Tienes una sentencia a favor, pero vuelves a estar al principio de la rueda, es como una trampa burocrática”, explica Miguel Bellés, el graduado social que defendió a los demandantes en los juicios. Gracias a un cambio legal que rebajó el requisito de permanencia, y gracias a que fueron previsoras, Ana María y Karen lograron el NIE y consiguieron cobrar lo que señalaba la sentencia (más de 3.500 euros en ambos casos), pero el otro joven no pudo conseguir la documentación y no ha podido cobrar.

Más allá de esto, lo importante, explican ellas, es que se ponga freno a los abusos: “Uno llega aquí para salir adelante, y para hacer las cosas bien, las personas que no tienen papeles también son humanas”, dice Ana María, quien apunta que la mayoría de gente no conoce las dificultades que sufren las personas en situación administrativa irregular, atrapadas en un círculo vicioso del que no es fácil salir. Esta humanidad la encontraron precisamente en el restaurante chino del otro lado de la plaza, y Ana María se emociona al recordarlo. La dueña también era migrante y era de las pocas que se daba cuenta de lo que pasaba: “Cuando no teníamos nada, nos daba de beber y comer, nos escuchaba. Nos ayudó mucho”.