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Las comunidades prevén recaudar más por IRPF y menos por el impuesto de sucesiones en 2026

Las autonomías proyectan en sus presupuestos un alza de los ingresos del 5,8% en el nuevo año

Las comunidades encaran el nuevo año con una previsión de mayores ingresos tributarios. Nueve autonomías han presentado ya su proyecto de presupuestos para 2026 ―son Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja― y, en conjunto, contemplan un aumento de la recaudación del 5,8% frente a las cuentas de 2025, hasta alcanzar los 154.757 millones de euros. El grueso de estos recursos procede de los impuestos y de las transferencias corrientes, en un contexto de crecimiento macroeconómico sólido y de mayor estabilidad en el sistema de financiación autonómica. Destacan las previsiones al alza en el impuesto sobre la renta, en el de patrimonio, en los especiales y en el IVA, mientras que caen las aportaciones de las sucesiones y donaciones.

Todas las comunidades anticipan subidas. A la cabeza se sitúa el País Vasco, con un incremento de los ingresos del 10%. Le siguen Madrid (6,6%), Canarias (6,5%), Andalucía (5,7%), Asturias (4,9%) y Navarra (4,8%). Y a la cola están La Rioja (0,6%), Castilla-La Mancha (1,6%) y Galicia (3,8%).

El IRPF se consolida como la gran palanca en todas ellas. La recaudación por este impuesto alcanzará, según lo presupuestado por los nueve territorios, los 43.180 millones de euros, un 8,4% más que el año anterior y muy por encima del crecimiento medio del conjunto de ingresos. El avance refleja tanto el aumento de bases imponibles ―debido principalmente a la mejora del empleo y de los salarios― como el efecto de las entregas a cuenta del sistema de financiación, que adelantan a las comunidades parte de la recaudación estatal en función del escenario de previsión económica. Estos pagos, que luego se ajustan mediante liquidaciones posteriores, explican buena parte del dinamismo del IRPF autonómico (las comunidades gestionan la mitad del impuesto de la renta).

Todas las cifras están recogidas en el Informe de Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas de 2026, publicado este martes por el Ministerio de Hacienda. En él no se incluyen los datos de Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana por no haber presentado un proyecto de presupuestos a tiempo o haberlo retirado antes de su tramitación. Sin embargo, en términos de IRPF, es de esperar que el comportamiento sea similar en esas ocho autonomías cuando eche a rodar enero.

La razón es que el alza de ingresos que proyectan las nueve comunidades que sí han aprobado presupuestos se explica eminentemente por el contexto macroeconómico, y no por cambios legales pensados para engrosar los recursos públicos. De hecho, las pocas modificaciones normativas que se contemplan en el IRPF vienen todas en forma de deducciones, principalmente vinculadas a la adquisición de vivienda y al gasto educativo. Es decir, pese a los descuentos que se han diseñado, la recaudación seguirá subiendo.

En contraste, el impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD) sigue perdiendo protagonismo un ejercicio más. Las comunidades presupuestan casi 1.233 millones de euros, un 6,7% menos que en 2025, confirmando una tendencia a la baja durante varios ejercicios, marcada por bonificaciones, reducciones y cambios normativos en distintas regiones. En Galicia y Andalucía, por ejemplo, se vaticinan caídas muy parecidas a la media, mientras que en Madrid y Canarias rozarán el 14% y el 15%, respectivamente. La Rioja, sin embargo, prevé un aumento del 12,6% a través de este concepto.

Más ingresos por patrimonio

Otros impuestos directos completan el cuadro. Uno es el de patrimonio, con una recaudación conjunta prevista que crece un 9,2%, hasta los 877 millones de euros. La mayor parte de ese dinero viene de Madrid, que augura un aumento de los ingresos del 12,2%, hasta llegar a los 632 millones. La comunidad siempre se ha mostrado contraria a este tributo, pero lo recuperó cuando el Gobierno central aprobó el impuesto de solidaridad de grandes fortunas.

Esa figura se ideó para contrarrestar las bonificaciones autonómicas en el gravamen original, por lo que todas las regiones con descuentos recuperaron el tributo tradicional para así quedarse con unos ingresos que, de lo contrario, irían a parar a la Administración central. Todas ellas cuentan con ese dinero en 2026.

El informe del ministerio, dentro de los tributos de naturaleza directa, también analiza un capítulo en el que se agrupan las figuras menos relevantes por su cuantía económica. Este apéndice, sin embargo, se dispara un 222,5% anual, pasando de los 310 millones de 2025 a los 1.002 millones del nuevo año por la inclusión de los ingresos obtenidos a través del nuevo impuesto estatal sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras. Es, en definitiva, la adaptación del impuesto extraordinario a la banca, que se ha consolidado en el sistema tributario y cuya recaudación se transferirá a los territorios.

En el bloque de impuestos indirectos, las previsiones apuntan a un crecimiento del 9,4%, hasta superar los 45.640 millones de euros. El IVA (cuya recaudación se comparte entre Hacienda y las autonomías), los impuestos especiales y el gravamen sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se benefician de un consumo aún resistente y de la evolución del mercado inmobiliario.

Contención prevista del déficit

El cuadro fiscal, que Hacienda completará con las comunidades que faltan cuando aprueben sus nuevas cuentas o prorroguen las de 2025, muestra una mejora del saldo presupuestario previsto. El déficit no financiero conjunto se reduciría hasta 3.330 millones de euros, el equivalente al 0,34% del PIB regional, frente al 0,45% proyectado del año previo.

La contención del desequilibrio se apoya en el aumento de ingresos corrientes y en un ahorro bruto que supera los 9.500 millones, un 28% más que en 2025.

En relación con los fondos europeos, en 2024 se concluyó el programa de Fondos de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa, por lo que las comunidades no han presupuestado los mismos en el ejercicio 2026. Sí continúa, no obstante, el despliegue del Plan de Recuperación, que incorpora una distribución territorial de los fondos y que se materializarán en las correspondientes conferencias sectoriales. El importe de este instrumento comunitario previsto por las autonomías para el nuevo año es un 33% inferior al del ejercicio precedente y asciende a 797,5 millones.

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Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
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