El vicepresidente de la CNMC carga contra Cani Fernández y alerta del riesgo de litigios por la retribución a las eléctricas

Nuevo capítulo en la guerra que se libra en el seno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el modelo de retribución aprobado para las redes eléctricas de cara a los próximos seis años (2026-2031) y que, en teoría, entrará en vigor el próximo jueves, 1 de enero. El vicepresidente del pleno, Ángel García Castillejo, a su vez presidente de la sala de supervisión regulatoria, ha presentado un voto discrepante a la resolución adoptada el pasado 22 de diciembre por el que se establece la metodología de retribución de las redes de distribución eléctricas en España.

En este voto discrepante, al que ha tenido acceso EL PAÍS y CincoDías, García Castillejo denuncia los vetos impuestos por la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, a las propuestas alternativas para establecer la metodología conforme a la cual cobrarán los principales propietarios de la red de baja tensión, fundamentalmente Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP.

Según considera el vicepresidente de la CNMC, la reforma presentada in extremis la pasada semana diseña un nuevo marco retributivo que podría ser tumbado en los tribunales. Los cambios fueron aprobados por una mayoría muy justa (cinco miembros del consejo a favor frente a tres en contra y una abstención), permitiendo que la circular pudiera encajar con el dictamen preceptivo del Consejo de Estado pero sin debatir otras propuestas.

“Esta vicepresidencia entiende que la no consideración de propuestas alternativas a la presentada por la Presidencia [...] redundan sin duda en perjuicio del conjunto del sector eléctrico español, de la industria, de la sociedad española y en especial a los consumidores y usuarios tanto empresariales como residenciales”, señala el voto discrepante de Ángel García Castillejo, que cree que “minimiza los riesgos de nulidad y anulabilidad” de las disposiciones contenidas en la propuesta de circular.

El consejero centra buena parte de sus críticas en que se hayan ignorado algunas cuestiones apreciadas por el Consejo de Estado: “La no estimación por la mayoría del Consejo de la CNMC de las observaciones consideradas como esenciales [...] supone una grave decisión que conduce al conjunto del sector a un escenario de inestabilidad e inseguridad jurídica que compromete el adecuado desarrollo del sector eléctrico en España″.

Y también lamenta la ineficacia de los cambios que sí se han recogido, ya que considera que estos, “más allá de estériles debates competenciales, en nada ayudan a la adecuada regulación sectorial y perjudican gravemente al sector al situarle ante un escenario de inseguridad jurídica e inestabilidad”.

Vetos de la presidenta

Más allá del fondo de la cuestión, Ángel García también denuncia vetos de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, y la mayoría del pleno en los trámites procedimentales de este caso. El voto particular arranca explicando que la reforma presentada tras el dictamen del Consejo de Estado llegó a los miembros del pleno un domingo 21 de diciembre a las 20:37h para su aprobación por el consejo en la mañana siguiente. Ante este escenario, se solicitó de forma expresa 24 horas más para poder valorar las propuestas sometidas a discusión y poder sopesar las distintas alternativas de propuestas de circular, pero “esta opción fue rechazada por la presidencia y la mayoría del Consejo”.

Según subraya el vicepresidente del organismo regulador competente en materia energética, dicho veto “supone un flagrante incumplimiento de lo establecido en el artículo 7.1 del Reglamento de funcionamiento interno de la CNMC”. Además, García Castillejo lamenta que la presidenta y la mayoría y otros cinco consejeros rechazaran la posibilidad de promover una audiencia pública de tres días para la reforma de la circular de metodología al considerar necesario el diálogo con todos los agentes del sector y evitar potenciales pleitos. La petición fue “desestimada por la presidencia y la mayoría del Pleno del Consejo de la CNMC”, revela el presidente de la sala regulatoria.

“La negativa a considerar una audiencia pública por término de tres días que compatibilizara la excepcionalidad de los plazos de término, con el objetivo de publicación con anterioridad al 1 de enero de 2026 y la posibilidad de ofrecer al sector alegar lo que pudieran estimar por conveniente, ante la nueva redacción de la propuesta de Circular, una vez recogidas las observaciones contenidas en el Dictamen del Consejo de Estado, supone una grave falta de diálogo real con el sector, más allá de los formalismos que pudieran ser argüidos para intentar proyectar una apariencia irreal de diálogo del regulador con los agentes del sector”, concluye García Castillejo.

Otros dos votos discrepantes

En la mañana del lunes 29 de diciembre, la CNMC aún no había publicado dicho voto particular discrepante junto con las circulares, un trámite obligatorio. Además, se espera que los otros dos consejeros más expertos en regulación energética también presenten votos discrepantes tras votar en contra de la resolución definitiva. Tanto María Jesús Martín como Josep María Salas ultiman dos textos contrarios a la voz de la mayoría que lidera Cani Fernández. Pese a que los tres miembros de la sala de supervisión regulatoria son los que atesoran mayor conocimiento del sector energético, las circulares de retribución de las eléctricas se aprueban en pleno, un foro compuesto por los 10 miembros, incluidos los representantes de la sala de competencia. En todo caso, la votación final solo contó con nueve consejeros, ya que uno de los mismos no pudo asistir al pleno por razones de salud.

Por su parte, fuentes de la CNMC ya señalaron el pasado martes 23 de diciembre, tras aprobar las resoluciones que se publicarán en el BOE, que el texto definitivo es sostenible desde el punto de vista jurídico y económico, con lo que descartan que potenciales demandas puedan alterar el marco regulatorio. Sin embargo, fuentes del sector temen que los reparos lanzados por el Ministerio para la Transición Ecológica, el Consejo de Estado y varios miembros de la CNMC puedan permitir a las empresas afectadas pedir medidas cautelarísimas ante un juez, un escenario que metería al sector en una situación de inseguridad jurídica nocivo para la captación de inversiones y el desarrollo energético en España.