La patronal propone subir el salario mínimo un 1,5% en 2025, por debajo de la inflación de este año

Las patronales CEOE y Cepyme han fijado su posición de cara a la negociación que está a punto de abrir el Ministerio de Trabajo para volver a subir el salario mínimo interprofesional (SMI). El comité ejecutivo de CEOE ha acordado este martes plantear un incremento del 1,5% para el año 2026, lo que supondría alcanzar los 16.824 euros brutos anuales. Así, el SMI quedaría en 1.202 euros brutos al mes en 14 mensualidades, 18 euros más que ahora. La media de inflación de los últimos 12 meses es del 2,7%, más de un punto por encima del planteamiento de la patronal. El ministerio, que suele marcar la evolución de los precios como la cifra mínima de subida del suelo salarial, cataloga esta propuesta como “poco rigurosa”.

Las asociaciones presididas por Antonio Garamendi y Ángela de Miguel justifican esta propuesta del 1,5% en la estadística de salarios de la Encuesta de Población Activa (EPA), distribuida hace un mes con datos de 2024. La lógica de CEOE y Cepyme es la siguiente: el objetivo marcado por Trabajo es que el salario mínimo al menos suponga el 60% del salario medio neto y en base a los datos de la EPA, consideran las patronales, esa cota ya se ha alcanzado.

“Los datos oficiales de la EPA muestran que el SMI ya habría superado el 60% del salario medio neto que utiliza el Ministerio de Trabajo como criterio para su determinación”, dicen las patronales en un comunicado conjunto. Estiman que ese 60% se sitúa, según este registro del INE, en 15.760 euros brutos anuales. “Dicho de otro modo, el SMI sería en estos momentos un 4,9% superior a lo que realmente corresponde”, añaden CEOE y Cepyme.

“Dicho esto”, agregan los representantes empresariales, “si el SMI ya supera el 60% del salario medio según la EPA, en el caso de dar por buena la referencia que sigue el Ministerio de Trabajo, no cabría realizar ninguna revalorización para el año 2026″. Pese a esta puntualización, indican que el comité ejecutivo “ha decidido proponer aplicar dicha subida del 1,5%, que está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año”.

En la misma línea, CEOE y Cepyme agregan que su planteamiento también está “de acuerdo con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos a la hora de fijar el SMI: fomento de la negociación colectiva, lograr un nivel digno de vida, reducir la pobreza de los ocupados, fomentar la cohesión social y la convergencia social al alza y reducir la brecha salarial de género”.

El cálculo del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos es diferente: parte de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, la estadística retributiva oficial de más profundidad, pero con un gran decalaje temporal. El último dato es de 2023. Para compensar ese desfase, los expertos que recomiendan los incrementos también toman en cuenta la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, cuyo último dato disponible es el del segundo trimestre de este mismo año.

Trabajo critica la propuesta patronal

Desde el Ministerio de Trabajo indican que van a esperar al informe de los expertos para pronunciarse, “una base más sólida que las especulaciones de la patronal”. “Lo cierto es que una subida que supone que más de dos millones de personas trabajadoras pierdan poder adquisitivo no parece rigurosa”, añaden desde el ministerio que dirige Díaz.

“Para respetar la negociación colectiva, condicionamos esta subida del 1,5% al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores”, agregan las patronales. Esto quiere decir que el planteamiento de CEOE y Cepyme está condicionado a que el Ministerio de Trabajo no cumpla la promesa que hizo a los sindicatos de evitar la absorción de pluses con los incrementos del SMI.

El departamento de Yolanda Díaz se ha comprometido a suprimir esta posibilidad, que termina atenuando el incremento de algunos trabajadores porque se les sube el sueldo base pero pierden parte de los complementos. A la vez, los sindicatos sostienen que no pactarán un incremento del SMI si el Gobierno no evita que las empresas compensen el aumento con la absorción de pluses.

El Ejecutivo indica que puede cambiar esta normativa por decreto, sin respaldo parlamentario, una posibilidad que espanta a los empresarios por el aumento de costes laborales que implica. CEOE y Cepyme ya han advertido de acciones judiciales si Trabajo aplica este cambio. El ministerio también puede incrementar el SMI sin el aval del poder legislativo, al no tener rango de ley. El salario mínimo ha crecido un 61% desde 2018, año en que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Entonces la menor retribución posible se situaba en 736 euros brutos al mes en 14 pagas.

A la espera de los expertos

El Ministerio de Trabajo ha vuelto a convocar este año a una comisión de expertos a la que ha encargado que recomiende cuánto debería crecer el salario mínimo interprofesional (SMI) para ajustarse con el 60% del salario medio neto, de manera que el suelo retributivo no pierda poder adquisitivo ni ritmo de subida respecto al resto de retribuciones. Esta recomendación está a la vuelta de la esquina, según fuentes conocedoras de las deliberaciones de los expertos sindicales, académicos y del propio Gobierno.

La patronal se adelanta a esta recomendación como ya hicieron los sindicatos. Hace dos semanas, las centrales emitieron su propuesta: UGT y CC OO piden que el SMI crezca en 2026 un 7,5%, hasta 1.273 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas. Son 89 euros más al mes que actualmente.

Esta propuesta de los sindicatos parte de la hipótesis de que este nivel retributivo tributará el año que viene, a diferencia de lo que sucede actualmente. Según los cálculos de los sindicatos, si la menor retribución posible deja de estar exenta de IRPF, para seguir suponiendo el 60% del salario medio neto debería subir ese 7,5%. Los representantes de los trabajadores defienden que ha llegado el momento de que el SMI tribute y por ello proponen un aumento de esas características.

La patronal hace una referencia velada a este debate en su comunicado, al señalar que su propuesta alcanzaría los 16.824 euros brutos anuales “y no exentos de tributación al IRPF”. Desde la patronal especifican que no defienden un modelo u otro de tributación, simplemente subrayan que en este cálculo cuentan con que no quedaría exento “porque es la norma vigente”. El Gobierno viene aumentando anualmente la cantidad exenta, de manera que los que ganan el SMI no vean recortados sus emolumentos por abonar IRPF.