El valor de las pensiones públicas

España es uno de los países más desiguales de la Unión Europea. El segundo en desigualdad de riqueza, después de Alemania. También en pobreza infantil, después de Bulgaria, según Eurostat y la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza. Este panorama sería mucho más dramático sin la intervención del Estado. La Seguridad Social, y especialmente las pensiones públicas, constituyen la gran máquina de redistribución de rentas en España. Las pensiones públicas son responsables del 60% de la disminución de las desigualdades.

Las pensiones públicas además impulsan la producción, el empleo y generan un retorno fiscal sustancial, según el estudio Las pensiones como motor de crecimiento. Una aproximación al caso español basada en el supermultiplicador sraffiano, de los profesores Eladio Febrero y Fernando Bermejo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, publicado en la Review of Political Economy.

La existencia de un mecanismo social tan nuclear para la sociedad española es el resultado de una larga historia de leyes que empezó en 1900 con las de Accidentes de Trabajo y Retiro Obrero Obligatorio (1919). Normas que fueron desarrolladas con nuevas disposiciones, sobre todo con las leyes de la democracia que crearon el INEM, el INSALUD, el INSERSO y la universalización de la Sanidad Pública en 1986 impulsada por el ministro Ernest Lluch, asesinado por ETA 14 años después. Unos cambios legales promovidos por numerosas movilizaciones e intensas luchas sociales.

De todas estas reformas, la más trascendente fue sin duda el Pacto de Toledo sobre las pensiones de 1995, en el que tuvo un papel clave el ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Antonio Griñán. El ex secretario general de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha realizado una excelente síntesis del Pacto de Toledo en La singularidad de una institución española (Fedea), en la que destaca los continuados consensos sociales (sindicatos y patronales) y políticos que lo hicieron posible. Granado valora los consensos al señalar que “la falta de capacidad para alcanzar estos acuerdos ha provocado en otros países una auténtica crisis institucional”.

Con esta historia de fondo, asistimos de nuevo a la cantinela, que se repite desde hace 40 años, sobre la insostenibilidad o la quiebra de las pensiones públicas. Es un bulo infundado que ha calado. Muchos jóvenes creen que no tendrán pensión. Los estudios sobre pensiones tienen una doble lectura. Por una parte, pueden ser útiles para adaptar el sistema público a las nuevas realidades de envejecimiento de la población y a la necesidad de mejorar la productividad.

Sin embargo, hay otro mensaje más sibilino que sugiere la conveniencia de establecer un sistema privado, basado en la capitalización de los ahorros. Un modelo que tras el fracaso de Chile debería haber quedado descartado. La inviabilidad de las pensiones privadas es mucho más obvia. Qué pasa con el 32% de hogares que no consigue ahorrar, según Funcas.

El sentido práctico impone esforzarse y mantener las pensiones públicas, cuyo valor está fuera de dudas. Habrá que buscar los consensos que hagan falta y no distraerse con espejismos.