El Gobierno prepara un plan para proteger la región de Almaraz del cierre nuclear y otras zonas amenazadas por la desindustrialización

El Gobierno trabaja ya en la protección económica de la región de Almaraz (Cáceres) para minimizar el impacto que provoque el cierre de la central nuclear, previsto para 2027 y 2028 o, en caso de que se conceda una prórroga solicitada por las empresas dueñas, en 2030.

Pero el Ejecutivo está desarrollando un plan mucho más amplio. Según fuentes al tanto de la situación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través del Instituto para la Transición Justa, pretende abrir de manera inminente una consulta pública para la elaboración de la Estrategia de Transición Justa 2026-2030, con el fin de recabar la visión y las aportaciones de la ciudadanía, organizaciones sociales, empresas, administraciones y demás agentes interesados.

El objetivo del departamento que lidera la vicepresidenta Tercera, Sara Aagesen, es preparar a zonas amenazadas por el cierre de centrales energéticas para el día después en que concluya la operación de diversas plantas que son una de las principales fuentes de actividad para aquellas regiones donde están ubicadas. El fin perseguido es maximizar las oportunidades de actividad económica y empleo derivadas de la transición hacia una economía baja en emisiones, al tiempo que se minimizan los impactos sobre las personas trabajadoras y los territorios más expuestos, añaden las fuentes consultadas.

La nueva estrategia será una actualización del anterior plan, que ha movilizado más de 6.000 millones en lugares castigados por la desindustrialización. Desde proyectos de inversión en las zonas mineras del norte de España, hasta desarrollos en aquellas zonas que han demolido sus centrales térmicas de carbón. En los últimos años, Iberdrola, Endesa y Naturgy han clausurado sus plantas de producción eléctrica con carbón. Estos desmantelamientos, además, se producen en muchas ocasiones en zonas afectadas por el reto demográfico (León, Teruel, La Coruña, Palencia, Córdoba, Asturias o Almería) de las que también debe encargarse el MITECO.

La primera Estrategia de Transición Justa también englobaba las centrales nucleares de Zorita (Guadalajara) o Garoña (Burgos). Ahora el objetivo es profundizar en el acompañamiento a las zonas donde se produzcan nuevos cierres de industrias. En ese contexto, Transición Ecológica ya se ha puesto a trabajar en el plan para cuando se cierren los dos reactores de Almaraz, que actualmente es el principal puntal económico de la comarca.

Pese a que lberdrola, Endesa y Naturgy han solicitado su ampliación del permiso de explotación hasta 2030, el Gobierno mantiene su hoja de ruta y trabaja tanto en la posibilidad de que la vida útil se extienda por tres años más como de que se cumpla con el actual calendario de cierre que las compañías acordaron en 2019.

De hecho, la extensión de vida de Almaraz a día de hoy es una incógnita, ya que en primer lugar debe pronunciarse el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que podría exigir nuevas inversiones en seguridad. Del mismo modo, las empresas podrían cambiar de planes si no consideran económicamente viable el plan de prórroga. Por eso, el Ejecutivo ha abierto la vía de la ampliación sin renunciar al plan de cierre. Dos vías paralelas en las que ya están trabajando el CSN. En última instancia, será el Gobierno quien determine si concede la ampliación del permiso de explotación. El Ejecutivo ha planteado que cualquier hipotética revisión del calendario solo se dará si es seguro desde el punto de vista nuclear y del suministro y siempre y cuando no suponga un coste adicional para consumidores o contribuyentes.

Lo que en ningún caso quiere el Gobierno es que se produzca el efecto Garoña en la planta extremeña. La central burgalesa ha tardado varios años en iniciar los trabajos de desmantelamiento y, por tanto, no ha sido posible aprobar planes alternativos de actividad por la indefinición administrativa del Gobierno y las compañías con la hoja de ruta a seguir para la clausura, dejando por el camino un mayor impacto económico y social sobre la región.

Los planes de Transición Justa que ha puesto en marcha el Gobierno durante la última década han servido para revitalizar zonas como las cuencas mineras o atraer planes multimillonarios de las compañías eléctricas para desarrollar inversiones en renovables en lugares donde se clausuraron sus centrales de carbón.

Un proyecto paradigmático en este sentido ha sido el presentado por Endesa para Teruel, donde cerró la central térmica de Andorra. Endesa ganó el concurso de transición justa para el nudo de conexión a la red de la central y tiene comprometidos importantes avales para su desarrollo. La compañía fue galardonada en la COP 28 de 2023 en la categoría de energías renovables, integración y energía limpia.

El objetivo del Gobierno es que la estrategia también tenga sentido desde el punto de vista ambiental. Es decir, que el hueco que dejan centrales más emisoras y contaminantes se pueda cubrir con proyectos verdes que acompañen el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que supone un reto de descarbonización para el año 2030.

La nueva Estrategia de Transición Justa se abrirá de forma inminente a consulta pública para extenderse no solo a lugares amenazados por cierres de industria energética, sino que estudiará poder participar en otras zonas castigadas por la reconversión que están sufriendo sectores estratégicos para España como, por ejemplo, la del automóvil.

Hasta ahora, el Gobierno ha anunciado que los proyectos en cartera de las empresas propietarias de las centrales, propios o movilizados por ellas, suman inversiones por más de 6.185 millones de euros, de los cuales el 83% son de proyectos energéticos y el 17% son industriales. En términos globales, el plan anterior ya contaba con crear un nivel de empleo de larga duración de 2.276 puestos, notablemente por encima de los 1.557 empleos afectados por los cierres del carbón. En la fase de construcción de los proyectos se estimaba la creación de 11.486 empleos.

Además de las ayudas directas, procedentes de fondos europeos y también de la administración central y otras instituciones, la Estrategia de Transición Justa prevé otros apoyos como elevar las puntuaciones para ayudas que, por ejemplo, canaliza el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y otras instituciones.

El Gobierno está lanzando en los últimos días diversos mensajes de apoyo a Extremadura, que celebra elecciones autonómicas el próximo 21 de diciembre. Al plan de acompañamiento para el cierre de Almaraz, se suman iniciativas como los 2.350 millones movilizados entre el PERTE Chip y la tecnológica Diamond Foundry, que prevé construir una nueva planta de alta tecnología en Trujillo, lo que se traducirá en más de 2.100 nuevos empleos, según adelantó este medio.

Dicha nueva infraestructura, aunque no entra dentro del área de influencia de Almaraz, se encuentra relativamente próximo. Los fondos europeos de recuperación tras la pandemia como el PERTE VEC, el PERTE Chip o el PERTE ERHA, entre otros, están dando impulso a una nueva era industrial con los que España pretende evitar los efectos de la desindustrialización y mantener la economía de zonas amenazadas por la despoblación.