La construcción de vivienda protegida para alquiler se dispara y ya supone más de la mitad de las nuevas promociones

Ampliar el volumen de vivienda social y asequible pasa por ser el remedio principal para hacer frente a la crisis de acceso a un techo en el que se encuentra actualmente una gran parte de la sociedad. El parque público apenas representa el 3% del total en España, tres veces por debajo de la media europea, y por ello, la construcción de vivienda de protección oficial (VPO) se antoja fundamental para ensanchar el mercado inmobiliario. Los últimos datos del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez evidencian impulso en la construcción de este tipo de vivienda, particularmente las destinadas a alquiler, que es la solución que el Gobierno viene priorizando desde hace años en la legislación: las calificaciones definitivas de VPO para alquiler han crecido un 167% en el primer semestre respecto al mismo periodo de 2024.

El volumen general de viviendas que adquirieron la condición final de VPO en el primer semestre de 2025 fue un 22,7% más alto que el del mismo periodo del año pasado. Esto es, entre enero y junio del ejercicio actual, el número de calificaciones definitivas que cumplieron con los requisitos que establecen las Administraciones para ser VPO fue de 5.843, por las 4.760 de 2024. Dentro de esta expansión, las destinadas al alquiler superaron por primera vez a las de propiedad (2.999 por 2.183, respectivamente), representando más de la mitad del total (un 51,3%, exactamente). Se trata del porcentaje más elevado desde 2014, cuando arranca la serie estadística, y duplica el porcentaje del mismo periodo del año pasado (del 23,78%).

Entonces fueron 1.123, por las 2.999 de este año, lo que se traduce en un crecimiento del 167,1%. A pesar de este bum, todas las calificaciones definitivas otorgadas se concentran en tan solo ocho territorios, estando la mayoría de ellas, 1.698, el 56%, en Madrid. Esta comunidad se sitúa muy por delante de Andalucía (548) y Cataluña (465). Con cifras mucho más contenidas, también figuran Baleares, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Navarra.

Los datos ofrecidos este jueves por el Ministerio de Vivienda para el mes de junio ―y que se extraen de los plantes estatales y autonómicos―, advierten de una clara mejoría también entre los últimos dos meses de junio. En el sexto mes del curso presente se calificaron definitivamente 778 inmuebles como VPO, por los 614 del mismo periodo de 2024. Además, el dato más reciente mejora al del mes precedente, puesto que en mayo la cifra final fue de 513.

Con estos resultados, el de junio se sitúa como el cuarto mes más voluminoso del año, por detrás de marzo (1.779), abril (1.269) y febrero (974). Gracias a este último repunte, el volumen de viviendas protegidas reconocidas como tales en el primer semestre se ha colocado como el más elevado de la última década. Ya que hay que remontarse hasta 2014 para encontrar una cuantía superior en este tramo inicial del curso (8.688).

Sin embargo, una cosa es que el volumen total de viviendas protegidas haya aumentado, y otra que las que se destinan a la compra lo hayan hecho en la misma medida. Algo que la estadística ministerial no acredita: en los primeros seis meses de 2025, 2.183 viviendas se diseñaron bajo esta condición, 93 menos que en 2024. Un dato que representa, además, la segunda cifra más contenida del último lustro (solo en 2023 fueron menos, con 2.059).

Ese ligero retroceso fue compensado con creces por la subida de las VPO para alquiler. De estas, todas las calificaciones se entregaron bajo el régimen de arrendamiento sin derecho a compra. Una particularidad que topa con una de las propuestas más ambiciosas que ha presentado recientemente el Gobierno. Este ha apostado en el próximo plan estatal por una ayuda de hasta 30.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que compren casas de protección oficial de alquiler con derecho a compra.

Otra sombra en los datos aparece al observar la serie de calificaciones provisionales, que sirven como indicador de futuras calificaciones definitivas. Mientras que en el primer semestre de 2024 estas fueron 8.241, un año después el número se ha rebajado hasta los 8.074, un 2% menos que viene condicionado por la caída de las casas destinadas a alquiler (las de compra suben). No obstante, las cifras globales de calificaciones provisionales están muy por encima tanto de los volúmenes de 2022 (6.337) como de 2023 (6.267). Y también de la media de la última década, que es de algo más de 5.500 permisos semestrales.

Impulso insuficiente

El esfuerzo por extender el conglomerado de vivienda protegida se advierte en los dos últimos años, aunque en términos generales, sigue sin ser suficiente para dar un vuelco a la situación actual. Los datos oficiales de 2024 del Ministerio muestran que en ese año se finalizó la construcción de 100.980 viviendas nuevas, de las que 14.371 fueron catalogadas como VPO, apenas un 14%. Para mejorar esta dinámica, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con el que el Gobierno trata de atraer a las comunidades autónomas, contempla utilizar el 40% de los 7.000 millones de euros que conforman su dotación total para construir vivienda protegida y asequible.

“Los datos certifican el impulso en los últimos meses de los instrumentos que ha desplegado el Gobierno”, señalan fuentes del Ministerio de Vivienda. “En los tres últimos trimestres, coincidiendo con el despliegue de los fondos del Plan de Recuperación y de la Ley de Vivienda, se están construyendo 33.537 viviendas”, añaden. “Los datos conocidos este jueves certifican que entre noviembre de 2023 y junio de 2025 se concedieron 35.177 calificaciones provisionales de vivienda protegida. Son 329 más que entre enero de 2012 y diciembre de 2015 ―el período en el que gobernó Mariano Rajoy con mayoría absoluta―, que fueron un total de 34.848″, apuntan.