El Gobierno anula la adjudicación a MasOrange del contrato de ciberseguridad del Estado

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha acordado anular la adjudicación a la unión temporal de empresas (UTE) formada por MasOrange, TRC y Mnemo del lote 3 del megacontrato centralizado de telecomunicaciones de la Administración Central, conocido como CORA III, que agrupaba los servicios de interconexión de centros de datos, seguridad e Internet, según conta en la resolución publicada en la Plataforma de la Contratación Pública.

La decisión del Ministerio que dirige Óscar López de “retrotraer actuaciones hasta el momento anterior a la adjudicación del contrato a la UTE”, según reza la resolución, responde al recurso presentado por el grupo encabezado por Telefónica e Indra que competía con MasOrange por la adjudicación de ese lote 3. La operadora alegó en su recurso que la empresa de ciberseguridad Mnemo no disponía de un plan de igualdad, un requisito imprescindible para presentarse al concurso según las bases del mismo.

Por tal motivo, Telefónica, participada por el Estado en un 10%, presentó un recurso el pasado mes de agosto ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, encargado de resolver los recursos contra las adjudicaciones públicas del Gobierno que ahora le ha dado la razón. Consecuentemente, el Ministerio de Transformación Digital ha anulado la adjuicación.

Las puntuaciones de la mesa de contratación de MasOrange y Telefónica fueron muy similares. En la valoración técnico-cuantitativa, los dos grupos lograron la máxima puntuación en todos los capítulos, para sumar un total de 26 puntos cada uno. Pero MasOrange rebajó su oferta económica en 8 millones respecto a la de Telefónica, lo que propició que se llevara el concurso, logrando 35 puntos por los 30,06 de Telefónica.

Polémica adjudicación

El tribunal deberá decidir ahora si anula la candidatura de MasOrange y adjudica directamente el lote 3 a Telefónica o vuelve a convocar el concurso. La adjudicación a MasOrange no estuvo exenta de polémica ya que llamó la atención de que arrebatara este lote de ciberseguridad a Telefónica, su tradicional adjudicatario, puesto que una de las razones que dio el Gobierno para la entrada en el capital de Telefónica a través de la SEPI en mayo de 2024 con un desembolso de más de 2.000 millones de euros, fue precisamente su carácter estratégico para asegurar las comunicaciones del Estado.

El contrato en disputa es uno de los más importantes de la Administración Central. Su valoración inicial era de 103,9 millones de euros, aunque finalmente se adjudicó por 55,26 millones sin IVA. El contrato tiene vigencia durante un periodo de prestación que asciende a 5 años, incluyéndose cuatro años de servicio y uno adicional de prórroga.

El CORA III (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, en su tercera edición) es el contrato más importante de la Administración, ya que agrupa a más de 85 organismos, bajo la coordinación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

De un importe total próximo a los 504 millones de euros, MasOrange ganó servicios valorados en 262 millones, correspondientes al lote 2 de telefonía fija y pública, por 158 millones de euros, así como el citado lote 3 de los servicios de ciberseguridad e interconexión de centros de datos por 104 millones.

La esperada licitación, la mayor del sector público en el ámbito de las telecomunicaciones, pretende mejorar la eficiencia y eficacia de la actividad pública, en búsqueda de sinergias y precios especialmente ventajosos, por espacio de los próximos 45 meses a partir de finales de este mes.

Telefónica perdió peso respecto a ediciones anteriores al conservar solo uno de los cuatro lotes en licitación, de 152,1 millones de euros, correspondiente a la conectividad de la red nacional multiservicio. A su vez, Evolutio -compañía especializada en servicios cloud para el sector corporativo, anteriormente conocida como BT-, se llevó el lote restante, por valor de 90 millones de euros, para la provisión de servicios de telecomunicaciones para las embajadas y organismo públicos situados en el extranjero.