Los alquileres de Gipuzkoa se suman al índice estatal de precios de Vivienda

Los datos referentes a los contratos de arrendamiento de viviendas en la provincia de Gipuzkoa pasarán desde este miércoles a formar parte del Sistema estatal de referencia del precio del alquiler. La publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que recoge esta actualización de los datos desembocará en que 38.044 contratos se incorporen al fichero general, elevando el total de registros de los que se compone actualmente hasta los 2,4 millones de datos anuales. Con este movimiento, las viviendas situadas en esta provincia dispondrán de un baremo con información acerca de los precios de los alquileres vigentes y su evolución, al que podrán acceder tanto arrendadores como arrendatarios a través de la página web del Ministerio. Y en las zonas declaradas tensionadas se podrán aplicar nuevos límites de rentas.

El índice de precios de referencia es una base de datos de contratos de alquiler que tiene como objetivo ofrecer, a título orientativo, una referencia de los valores que se están ofreciendo en determinadas zonas del país. Al mismo tiempo, sirve también de referencia para fijar los precios de las zonas declaradas como tensionadas. Es el caso de los municipios de San Sebastián, Irún, Zumaia, Errenteria y Lasarte-Oria, todas ellas en la provincia de Guipúzcoa. Estos ya se regían por otras limitaciones que establece la Ley por el Derecho de la Vivienda, como que un nuevo contrato de arrendamiento no pueda superar el precio del anterior, pero hasta ahora no se podían establecer otros controles de renta que contempla la norma, por ejemplo para grandes propietarios.

El motivo es que el sistema estatal, al basarse en datos fiscales, inicialmente solo contemplaba datos de las comunidades del régimen común. Posteriormente, se incorporaron, por un acuerdo con la Hacienda navarra, los de esa comunidad. Y ahora se hace lo mismo con los de Gipuzkoa. El sistema estatal, por tanto, ya contiene datos de todas las provincias, salvo de Bizkaia y Álava, a falta de completar un trámite similar con las diputaciones de estos territorios, que son las que tienen las competencias fiscales.

El Ministerio defiende que mantener actualizada esta herramienta sirve para vigilar la evolución de las distintas medidas puestas en marcha en determinados territorios. Hasta el momento, la declaración de área tensionada de precios de vivienda afecta a 271 municipios catalanes, 21 en Navarra, siete en Euskadi (cinco de ellos en Gipuzkoa y dos en Bizkaia) y la localidad de A Coruña, la primera que ha dado ese paso en una comunidad gobernada por el PP (pero con una alcaldesa socialista).

La solicitud de esta figura al ministerio, que debe aprobar la propuesta, depende por entero según la norma estatal de las comunidades autónomas. El PP se ha mostrado combativo con los controles de precios que contempla la ley estatal de vivienda desde el principio, y por eso algunos de sus presidentes autonómicos se han negado a declarar áreas tensionadas, aunque algunos consistorios se lo soliciten. El Gobierno vasco ha anunciado recientemente la declaración de nuevas poblaciones, como Vitoria, que están en trámite de que el Gobierno las estudie. La declaración como tales causará efecto desde su publicación en el BOE.