Los operadores bloquean 50 millones de llamadas y sms fraudulentos tras el plan antiestafas

Los operadores de telecomunicaciones han bloqueado más de 50 millones de llamadas y mensajes de texto (SMS) que escondían un fraude tras la entrada en vigor del plan gubernamental contra las estafas de suplantación de identidad el pasado mes de marzo, según ha detallado este lunes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

La norma preveía varias medidas de lucha contra el fraude telefónico con su entrada en vigor paulatina en el próximo año y medio. Desde el pasado 7 de marzo, los operadores (Telefónica, MasOrange, Vodafone, Digi y otras) tienen la obligación de bloquear numeraciones que no corresponden a ningún usuario ni servicio. El 7 de junio entraron en vigor dos nuevas medidas del plan antiestafas. Por una parte, los usuarios ya no pueden recibir llamadas y SMS que, aunque son de origen internacional, simulan haber sido originadas en un número español para engañar al ciudadano. Tampoco se pueden realizar llamadas comerciales desde números móviles, ya que otra parte importante de las estafas se producen cuando el ciudadano recibe llamadas procedentes de móviles nacionales que no tiene guardados en su agenda, por lo que no puede identificar al llamante. Ahora las llamadas comerciales deben realizarse con numeración geográfica, numeración atribuida específicamente para comunicaciones comerciales, o desde números 800 y 900.

En conjunto, desde el inicio del plan se han bloqueado 47.971.400 llamadas y 2.212.950 SMS, que representan el 85% y el 87%, respectivamente, del total de intentos de fraude. A medida que han ido entrando en vigor las diferentes medidas, la media de bloqueos ha aumentado. Así, en el primer periodo de implantación del plan (entre el 7 de marzo y el 7 de junio) la media de llamadas bloqueadas al día fueron 235.600 y 10.000 SMS, mientras que en junio y julio la media de llamadas diarias bloqueadas han sido 434.915 y 18.666 SMS.

La última medida, que entrará en vigor a finales de 2026, es la creación de una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que utilizan las empresas y las administraciones públicas como identificadores en los SMS. La base de datos, que será gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), permitirá registrar y verificar dichos identificadores que utilizan las empresas y las Administraciones Públicas como identificadores en los SMS, se evitarán los mensajes que suplantan a organismos como Tráfico o Correos, bancos y, en general, compañías de servicios.

El ministro ha admitido que tras la entrada en vigor del plan, ante la imposibilidad de seguir comunicándose con numeración móvil, los estafadores están usando llamadas con prefijos nacionales para sus prácticas fraudulentas, pero que el Ministerio y las operadoras ya están estudiando cómo poner coto a esta nueva práctica.

Óscar López confirmó que el coste de implementación de estas medidas será asumido íntegramente por las compañías de telecomunicaciones, que no recibirán ninguna subvención pública. “No creo que sea un coste muy importante, el coste verdaderamente relevante es el que conllevan estas estafas para el ciudadano”, apuntó el ministro.

El papel de Huawei

Por otra parte, el ministro de Transformación Digital admitió que Huawei forma parte del consejo consultivo del Centro de Operaciones de Seguridad 5G (SOC 5G, por sus siglas en inglés), el organismo público que se encarga de vigilar la ciberseguridad de las redes móviles 5G, tal y como publicó EL PAÍS. López restó importancia a esa presencia en el SOC 95, financiado con fondos europeos, porque la firma china solo está a título consultivo como el resto de las operadoras y fabricantes del sector y no se integra en el comité donde se toman las decisiones.

“Es el Gobierno el que accede a la información que nos trasladan las empresas. Y en este sentido, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad porque España cumple con todo el marco normativo y las recomendaciones de la Unión Europea y no hay ningún problema de seguridad”, apuntó el ministro a preguntas de los periodistas.

En la misma línea que el ministro, Huawei ha explicado que su participación en el SOC 5G es exclusivamente como miembro consultivo, en condiciones equivalentes a otros fabricantes, operadores y organismos públicos, y que su contribución se limita a compartir conocimiento técnico de forma voluntaria. La tecnológica ha recordado que lleva 24 años presente en España y que “ha demostrado un historial sólido en ciberseguridad, cumpliendo estrictamente con la legislación local y los estándares técnicos exigidos para la comercialización de sus productos”.

López insistió que no hay “ningún riesgo” en los contratos que tiene la Administración con Huawei como el almacenamiento de datos que le ha adjudicado el Ministerio del Interior, a pesar de las quejas del Congreso y el Senado de Estados Unidos por estos acuerdos con la tecnológica china. “La Administración tiene los mismos sistemas de almacenamiento desde hace 14 años, no difieren de los que emplean otros países europeos, y su seguridad está garantizada, porque no están conectados, están cerrados, y no son susceptibles de ningún ataque”, aseguró.

El origen del veto al fabricante asiático por la Administración estadounidense en 2019 fue la acusación de que el Gobierno chino tenía acceso a los datos y comunicaciones de las redes y los teléfonos móviles 5G comercializados por Huawei. La Unión Europea ha recomendado repetidamente a sus Estados miembros que no contraten equipos 5G con Huawei. Algunos de ellos como Alemania, Suecia, Estonia, Lituania, Reino Unido (antes del brexit), Rumanía y Dinamarca han incluido a la firma china en una lista de suministradores de riesgo prohibiendo expresamente su contratación por los operadores de telecomunicaciones. Una lista cuya creación contemplaba también el Gobierno español en un principio, pero que nunca ha llegado a concretar en ninguna norma.