Ribera: “Queremos que Alemania recupere la confianza en su industria y debe hacerlo con las reglas comunes europeas”

En pocos campos como en las ayudas de Estado se ve en la Unión Europea la lucha de los intereses nacionales en juego. Normal. En juego está el mercado único: si un Estado miembro puede repartir dinero a sus empresas y otros no pueden, la competencia no es real. Y en esa disputa la árbitra es la española Teresa Ribera (Madrid, 56 años), vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia y máxima responsable de la Competencia europea. La exministra de Transición Ecológica lleva meses preparando una regulación nueva que ayude al sector privado europeo a navegar durante los próximos años en la transición hacia la economía descarbonizada en la que cree con la fe del creyente: “Queremos acompañar a la industria en su transformación, acelerar el sistema energético y para eso vamos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición”, explica a EL PAÍS, “pero también intentamos garantizar un equilibrio, evitar que los grandes con bolsillos más potentes se beneficien y los pequeños queden al margen“.

Cada vez que Bruselas anuncia un cambio en la regulación de ayudas de Estado se sucede una cadencia de acontecimientos parecida, capitales enviando cartas con su listado de demandas a la Comisión. Alemania, la gran locomotora europea ahora con problemas y el país que más dinero inyecta a su sector privado, más de la mitad de toda la UE, envió una misiva en septiembre reclamando barra libre. Su nuevo canciller, el conservador Friedrich Merz, ha anunciado inversiones y gasto público para reanimar la economía germana. “Todos queremos que Alemania recupere la confianza en su capacidad industrial. Obviamente, es importante hacerlo también dentro del marco de las reglas comunes en el ámbito europeo. Creo que lo han entendido bien. Así que las iniciativas que quieran desarrollar irán más rápido si se ajustan a este nuevo marco”, explica Ribera, quien viajó a Berlín durante la elaboración de este nuevo marco legal.

La política de ayudas de Estados encadena cinco años en circunstancias extraordinarias. La pandemia obligó a inyectar ingentes ayudas públicas a la economía para evitar la depresión. Luego llegó la necesidad de respaldar la transición climática y digital como hacen China y Estados Unidos. Se sumó la crisis energética y de precios. “Hay ocasiones que pueden requerir dinero público para que se dé una aceleración. Ahora, yo quiero utilizar ese dinero público de la forma más eficaz y más justa posible. Si el Estado tiene una capacidad de actuación que va más allá de la regulación o del subsidio, porque hoy sentimos que el Estado puede también acompañar como inversor, como industrial, en ese proceso de modernización, tenemos que establecer las condiciones que le permitan hacerlo, incluido que haya un retorno. Ya ocurrió con el despliegue de las vacunas”, expone la número dos de la Comisión, advirtiendo que está tomando prestada una idea de la economista italoestadounidense Mariana Mazzucato, autora de libros como El Estado Emprendedor.

Pero es cierto que hay países, España uno de ellos, que ya han avanzado mucho, por ejemplo, en el despliegue de las renovables. En cambio, otros que van por detrás, ahora se podrán beneficiar de una regulación más favorable. “España ha seguido una secuencia de éxito y eso es algo que se valora en otros muchos sitios, como una apuesta temprana en la transformación de su sistema económico, muy ligado a las políticas de energías renovables y lo que esto requiere. Es un referente para muchas cosas. Eso es lo que ha funcionado bien. Se puede utilizar lo que ha funcionado mal. También se pueden extraer lecciones. No somos los únicos. Evidentemente, ha habido otros muchos países que han hecho muchas cosas y algunas les han salido mejor, otras les han salido peor”, apunta, quien fuera vicepresidenta tercera del Gobierno español hasta hace meses, evitando valoraciones más hondas, ahora que su responsabilidad ha cambiado.

Si algo ha cambiado en la mentalidad de las instituciones europeas en los últimos años ha sido que no todo puede dejarse a las fuerzas del mercado. Que la autonomía estratégica o las transiciones gemelas (digital y energética) van a requerir impulso público si Europa no quiere perder más terreno frente a China o Estados Unidos: ″No nos hemos dado cuenta de que había otros muchos países que estaban apostando por una modernización de su tejido productivo. Es una obviedad que eso nos ha generado una pérdida de ventaja competitiva en algunos sectores importantísimos como el de movilidad o vemos en determinados ámbitos digitales también que tenemos la capacidad y la convicción y la voluntad de recuperar el liderazgo en los componentes más importantes de modernización del tejido productivo".

La española es el referente más verde y socialdemócrata de esta Comisión Europea, la más derechizada de la historia, en un Consejo y un Parlamento escorado a la derecha, con fuerzas ultras que cuestionan a diario la existencia del cambio climático y, por tanto, la necesidad de regulaciones ambientales. Y eso cuando la UE ha emprendido una senda de “simplificación burocrática”, que muchos ven como la oportunidad —y otros atacan— de abrir la puerta a la desregulación. ¿Cómo se lleva ser ese dique? ¿Cuánto le cuesta jugar ese papel? “En Europa somos campeones en complicarnos [a través de las normas]”, apunta, mostrando comprensión a la agenda simplificadora. Aunque a continuación añade: “Tenemos que luchar frente a las tentaciones de desregular todo. Nosotros no queremos una carrera a ver quién paga más bajo los salarios de la gente y reduce costes sociales para poder garantizar más competitividad en el corto plazo; ni una carrera para que no haya limitaciones en los estándares ambientales. Eso no dura en el tiempo. Eso ataca al principio más importante de todo el proyecto europeo, que es garantizar una alta calidad de vida de los europeos”.