Aceite, vino y farmacia, entre los productos más expuestos a las represalias de Trump a España por no subir el gasto militar

La cumbre de la OTAN en La Haya, que apuntaba a cerrarse con cierta calma diplomática pese a las tensiones y diferencias latentes entre varios de sus miembros, terminó el miércoles con una amenaza sin precedentes en el seno de la Alianza Atlántica. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amagó públicamente con penalizar a España por no comprometerse a destinar el 5% de su PIB al gasto militar. Y lo hará, dejó entrever, a través del comercio, una de las estrategias favoritas del republicano. Aunque no habló específicamente de aranceles, su advertencia apunta a una fórmula de sobra conocida: imponer tarifas selectivas a productos específicos con gran peso en el mercado exportador español, como ya hizo en su primera legislatura con la aceituna. “Van a pagar el doble”, sentenció Trump, en referencia no al presupuesto de defensa, sino a la factura que, según él, llegará por la vía comercial.

Lo que comenzó como una discrepancia presupuestaria por la cantidad de recursos que cada país destina a defensa ha derivado en un choque frontal y personalista entre líderes, con Trump lanzando acusaciones y advertencias directas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Es el único que se niega a pagar. Vamos a hacer que paguen el doble, pero de otra manera”, dijo, visiblemente molesto, en una rueda de prensa al cierre de la cumbre. “La economía española va muy bien, pero podría verse arrasada si algo ocurre”, sentenció con tono fanfarrón.

El episodio, lejos de ser una excepción, sigue el patrón habitual del presidente estadounidense: declaraciones abruptas e improvisadas, ruptura de la vía diplomática tradicional, amenazas económicas como herramienta de presión y una visión transaccional de las relaciones internacionales. Sin embargo, un Trump tan pasional como impredecible pone sobre la mesa la posibilidad de que las intimidaciones puedan escalar y materializarse en algo tangible. Los expertos interpretan que, más allá del ruido, el riesgo más probable sería la puesta en marcha de aranceles a sectores sensibles para España, como el agroalimentario o el farmacéutico, que también afectarían al resto de países comunitarios.

“Las negociaciones comerciales se están produciendo entre la Comisión Europea y Estados Unidos”, recuerda por teléfono desde Washington Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown. Por eso, añade, es muy difícil, si no imposible, establecer penalizaciones que solo afecten a un país. “Si quieres incidir en España puedes poner tarifas a productos agrícolas como el aceite de oliva o el vino”, con gran peso en las exportaciones españolas. El año pasado, por ejemplo, el país exportó unos 1.200 millones en aceites y 400 millones en vino. El problema, añade Steinberg, es que la medida salpicaría indirectamente a otros Estados miembros como Italia o Francia, ya que, con el marco actual, es imposible discriminar a un estado.

En la misma línea se sitúa Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, quien ve difícil que puedan instaurarse los mal llamados aranceles recíprocos ―siguiendo la retórica de Trump― solo con España. “Más bien podrían ser aranceles de productos específicos, como sucedió en 2018 con algunos agroalimentarios”. Por aquel entonces, recuerda Torres, Estados Unidos impuso tarifas especiales a las aceitunas y durante los dos primeros años cayeron notablemente los envíos. En ese caso se logró un efecto compensación, porque se encontraron otros mercados y a los pocos años el volumen exportador era prácticamente el mismo. Torres, sin embargo, recuerda que ese efecto sustitución puede ser más complicado con otros productos, en especial el farmacéutico, en el que es también muy importante la exportación hacia Estados Unidos, con más de 1.000 millones en 2024.

Lo mismo sucedería con otros bienes de maquinaria y material eléctrico, con exportaciones a Estados Unidos superiores a los 4.000 millones de euros en 2024. Sin embargo, recuerda Steinberg, de nuevo se verían perjudicados todos los socios comunitarios con exportaciones similares, lo cual frenaría la capacidad de Estados Unidos para utilizar esta fórmula. Además, en todos los casos, España estaría protegida por el paraguas de Bruselas, que negocia con Washington en el frente comercial como un único bloque.

En principio, resume Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, es difícil que España tenga aranceles distintos al resto de la UE porque, al ser una unión aduanera, todos están sujetos a lo mismo y se negocian los tratados comerciales de manera conjunta. Pero si las penalizaciones llegaran mediante algún procedimiento especial, “los productos más expuestos serían aparatos eléctricos, máquinas y aceites”. Es algo “poco probable”, pero Trump “ya ha demostrado que no tiene reparos en usar cualquier mecanismo que le sea posible para conseguir lo que quiere”.

Durante su arrebato en rueda de prensa, Trump insistió en que España es el único país de la Alianza Atlántica que no quiere pagar el 5% del PIB, “pero nos lo van a tener que devolver con el comercio, porque no voy a dejar que eso pase”, recalcó. Para ello, su intención es negociar directamente con Sánchez. A la espera de que se concreten esas conversaciones, Steinberg matiza que están por ver los efectos que podrían tener unos eventuales aranceles específicos para presionar a España. Estas tasas implican que el sobrecoste lo asume el comprador estadounidense, por lo que su efectividad en este asunto está todavía en el aire: “Decir que España va a pagar en aranceles lo que no paga en defensa es no entender cómo funciona el arancel”, señala.

Además de las tasas comerciales, Torres recuerda que otra baza del republicano podría estar relacionada con la participación de empresas españolas en contratos públicos y licitaciones en Estados Unidos. “Imagino que podría hacer algo relacionado con esto, estigmatizando de alguna manera a la empresa española”. Steinberg también añade las presiones en las negociaciones para que algunos países, como España, retiren o modifiquen el impuesto sobre determinados servicios digitales, o tasa Google, como se le conoce coloquialmente.

Desde hace varias semanas, el Gobierno de España viene insistiendo en que no elevará el gasto militar por encima del 2% del PIB, lo que supone aumentar la inversión en unos 10.000 millones de euros por año. El presidente Sánchez cree que el 2% es una cifra más que suficiente y recuerda que un porcentaje mayor es incompatible con el Estado del bienestar, ya que obligaría a subir impuestos o recortar en otras partidas. Aunque Sánchez pactó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, un compromiso del 2,1%, la Alianza Atlántica exige llegar al 3,5% y Trump redobla la presión para alcanzar el 5%. Queda por ver en qué queda todo: Steinberg recuerda que, pese a todo, Sánchez firmó la declaración común que pone como meta el 5%, aunque con directrices muy ambiguas. “Mi sensación es que casi ningún país va a llegar realmente a ese 5%”.