Bruselas permitirá que los países ayuden a las empresas electrointensivas más expuestas al comercio internacional
La Comisión Europea aprueba una nueva regulación de subvenciones nacionales al sector privado para apoyar la transición energética hasta 2030


La Comisión Europea busca impulsar la competitividad de las empresas europeas sea como sea durante esta legislatura. Ha apostado por rebajar las cargas administrativas del sector privado y este martes, además, ha aprobado una nueva regulación de ayudas de Estado que busca incentivar con dinero público la transición de la industria hacia una economía descarbonizada. Estas nuevas condiciones, que estarán vigentes hasta 2030, permiten, entre otras cosas, que los Gobiernos puedan dar subvenciones a las compañías ”particularmente expuestas al comercio internacional y que dependan mucho de la electricidad en su producción", según apunta el Ejecutivo comunitario. Los nuevos criterios no precisan pasar por el Consejo de la UE ni el Parlamento, puesto que las competencias de ayudas de Estado corresponden a la Comisión.
El argumento que se utiliza para defender este paso es que “se permitirá a los Estados miembros reducir los costes” que afrontan la industria europea frente a la de aquellas zonas del mundo en las que las exigencias medioambientales son menores. A cambio, tendrán que adquirir el compromiso de invertir en su proceso de descarbonización para que la UE logre sus objetivos de lograr una economía neutra en carbono en 2050.
La medida será, sin duda, aplaudida en Berlín. Alemania es el país industrial por excelencia de la Unión y, además, una economía volcada hacia la exportación que lo está pasando mal desde que Rusia invadió Ucrania y Europa decidió dejar de depender del gas ruso (barato hasta entonces). También porque China —el gran cliente de la tecnología alemana— ha salido de la crisis de la pandemia compitiendo duro con su socio comercial en campos hasta entonces dominados por la eficiencia germana. No hay ningún sector como el automóvil y los coches eléctricos para ilustrar ese cambio de escenario. A pesar de esto, la vicepresidenta de Transición Justa y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, ha señalado durante la presentación de la nueva regulación que no teme una carrera de subsidios que quiebre el mercado único porque “hay límites y garantías”.
Este elemento es uno de los que contienen este nuevo marco de ayudas de Estado que estará vigente hasta 2030, el actual, aprobado en 2023 como respuesta a las ayudas masivas que la Administración Biden aprobó para incentivar las inversiones verdes y tecnológicas en Estados Unidos y a la crisis inflacionaria tras la pandemia, caducaba a finales de este año. “No es una extensión [de esas guías]”, ha respondido Ribera cuando se le preguntó si lo aprobado este miércoles por el Colegio de Comisarios era una prórroga de lo vigente. La española defiende que el objetivo es acelerar la transición energética en el sector privado.
Otro punto destacable de la nueva regulación de las subvenciones en el mercado único es una “vía rápida” para aprobar las ayudas a las inversiones que pretenden impulsar el uso de “combustibles bajos en carbono, como el hidrógeno azul y verde, también desempeñan un papel clave en la reducción de emisiones”. Esto implica ayudar al hidrógeno producido con gas natural, el azul, y el verde, con renovables. Este respaldo llega porque desde Bruselas se admite que hay sectores “difíciles de descarbonizar” y “en los que aún no son viables opciones más eficientes desde el punto de vista energético o económico”. Las empresas energéticas europeas se quejaban que era más fácil invertir en proyectos de hidrógeno verde en Estados Unidos que en Europa por el marco regulatorio y las ayudas. La nueva normativa europea de ayudas de Estado pretende cerrar esa brecha.
La nueva regulación de ayudas en una de las piedras angulares del Pacto para una Industria Limpia, una de las grandes apuestas de la segunda Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen. La primera se caracterizó por fijar unos objetivos muy ambiciosos de descarbonización, tanto que varios sectores económicos se han levantado en protestas. Ahora, para aliviar estas exigencias, el Ejecutivo de la UE ha emprendido un camino de “simplificación burocrática” y también vías de apoyo a la industria, como este marco que facilita las ayudas de Estado o el plan para una energía asequible. Este plan se publicó a finales de febrero y anunciaba una relación de requisitos para dar subvenciones y abogaba por una rebaja de impuestos a la generación de electricidad.
El plan presentado este miércoles a Bruselas permitirá abrir la mano para que los Gobiernos puedan impulsar inversiones industriales para la fabricación de productos necesarios en la descarbonización de la economía: paneles fotovoltaicos y termosolares, electrolizadores para el hidrógeno, redes de transporte energético, bombas de calor y geotérmicas, tecnologías de captura de carbono y para su transporte... Siguiendo una lógica habitual en las ayudas de Estado, la Comisión permitirá subvenciones más cuantiosas para salvaguardar la cohesión entre las distintas regiones de Europa, los Estados miembros podrán prestar más apoyo “a los proyectos de las regiones menos favorecidas, que se definen en los mapas de ayudas regionales”.
Un aspecto en el que se incide por vía directa e indirecta son los incentivos a la inversión privada, ayudándole a reducir el riesgo tanto para la industria como para “las infraestructuras energéticas y la economía circular”. “El apoyo puede adoptar la forma de capital, préstamos y/o garantías proporcionadas a un fondo específico o entidad con fines especiales que mantendrá la cartera de proyectos subvencionables”, abunda el comunicado de Bruselas.
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