Los médicos privados dan la batalla para mejorar sus honorarios tras la subida de primas de Muface

El culebrón del modelo Muface tuvo en vilo a dos millones de funcionarios y sus familias entre octubre de 2024 y abril de 2025. El tira y afloja entre el Gobierno y las aseguradoras de salud puso en jaque un sistema de atención médica concertada para profesores, policías y otros empleados de la Administración que llevaba 50 años existiendo. El Ministerio de Función Pública tuvo que comprometerse a una mejora del 41%, en tres años, de los pagos que hace para que Adeslas y Asisa sigan ofreciendo cobertura sanitaria a los funcionarios. La factura final será de 6.250 millones de euros. Ahora llega la siguiente fase del conflicto: las reclamaciones de los médicos privados para que les llegue una parte de esa lluvia de millones.

El complejo entramado legal para atender la sanidad de los empleados públicos implica la participación de tres mutualidades: Muface (con 1,5 millones de beneficiarios, sobre todo profesores, carteros, policías, diplomáticos...); Isfas (que da cobertura a 540.000 militares y familiares) y Mugeju (unos 100.000 jueces, fiscales...). Estas mutualidades reciben una pequeña cuota de los mutualistas pero el grueso de su presupuesto depende de la contribución de sus respectivos ministerios: Función Pública, Defensa y Justicia.

En el caso de Muface —que es el patrón que sirve de guía para las otras mutualidades— los 6.250 millones de euros que se van desembolsar no van directamente a pagar prestación médica en hospitales o consultas privadas, sino que se destinan a Adeslas y Asisa, que son las compañías que se presentaron a la licitación y ahora deben garantizar el acceso a los servicios sanitarios de este colectivo. Estas aseguradoras, aunque tienen algunos centros médicos, deben firman convenios con grupos hospitalarios y con cuadros médicos de especialistas (traumatólogos, ginecólogas...) para poder atender a todos los mutualistas y beneficiarios.

Los grandes grupos hospitalarios, como Quirón o HM Hospitales, ya están negociando con Adeslas y Asisa una subida de lo que cobran por cada intervención quirúrgica, consulta o prueba médica. En este caso, la disputa es equilibrada puesto que algunas de estas empresas son gigantes con una facturación anual por encima de los 5.000 millones de euros. En cambio, para los médicos privados individuales, el combate es muy desigual.

Una de las asociaciones que está tratando de apoyar a los especialistas en su conflicto con las aseguradoras es Unipromel, con 2.000 socios. Su presidente, el oftalmólogo sevillano Ignacio Guerrero, explica en un encuentro con prensa en el Colegio de Médicos de Madrid que el colectivo de médicos privados “está ya muy harto de ser el convidado de piedra en los arreglos entre las mutualidades y las aseguradoras”. A su juicio, el modelo debería cambiar para dar mayor protagonismo “al profesional médico, que es quien tiene el trato directo con el paciente”.

La batería de medidas que han iniciado para tratar de boicotear los conciertos con mutualidades administrativas incluye varias demandas contra esas licitaciones. La primera, referida al convenio con Mugeju, ya ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional. En los próximos meses denunciarán también los conciertos con Isfas y Muface.

En la demanda se argumenta que los pliegos de contratación “favorecen injustificadamente a aseguradoras privadas excluyendo a operadores económicos reales del ámbito sanitario, como médicos y clínicas, titulares de los medios privados de prestación sanitaria”. Unipromel ya logró en 2024 que frenara temporalmente la adjudicación de los convenios de Mugeju e Isfas.

Estas acciones judiciales tan solo son el aperitivo de las medidas que prepara el colectivo de médicos privados para tratar de mejorar sus honorarios. “Lo que cobramos por consulta es una auténtica vergüenza, son cantidades exiguas”, apunta Guerrero. “Yo soy autónomo, pero trabajo en una clínica que no es mía. De los 21 euros que me pagan por consulta, hay una parte que se va en gastos, así que yo solo recibo 14 euros. Es lo que cobra mi peluquero”, se queja.

Adeslas y Asisa fijan unos baremos para pagar a los médicos que están adheridos en sus cuadros médicos. El margen de negociación es nulo, puesto que muchos de ellos dependen de los pacientes que provienen Muface y del resto de mutualidades. La propuesta de Unipromel es que, si las aseguradoras se enrocan en su propuesta, “los médicos empezarán a negarse a aceptar los baremos y exigirán a los pacientes que paguen directamente la factura y luego se la giren a su compañía”.

De acuerdo con varios médicos consultados, la primera propuesta de mejora de honorarios es mínima. “De solo dos euros por consulta”, explica uno de ellos. Fuentes del sector asegurador quitan hierro a la polémica y aseguran que las negociaciones están en curso y que “cada uno está defendiendo lo suyo”.

Falsos autónomos

Otro de los caballos de batalla de los médicos privados es la relación de dependencia soterrada respecto a las aseguradoras con las que trabajan. El abogado Juan Manuel Piqueras, quien dirige la estrategia jurídica de Unipromel, tiene claro que “se trata de un caso de falsos autónomos, como ocurría con los repartidores de Glovo”.

De acuerdo con los cálculos de la asociación, hay 17.000 profesionales sanitarios que están ejerciendo con dependencia y bajo la dirección de una empresa, sin tener los derechos laborales que le corresponderían. “Aquí acabará entrando la Inspección de Trabajo”, asegura Piqueras.

Para tratar de apoyar a este colectivo más vulnerable, desde Unipromel han promovido la creación de un sindicato de médicos —registrado como Sepblamed— que defenderá los intereses de los médicos de la sanidad privada. Además, en el Colegio de Médicos de Madrid se ha constituido una mesa de trabajo para discutir sobre los problemas específicos de este colectivo.