Los auditores alertan de los riesgos de eximir a unas 4.000 pymes de auditar sus cuentas

Los auditores han encendido las alarmas ante la reciente propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de modificar los límites para que una compañía tenga que ser auditada obligatoriamente, lo que supone —según estimaciones del mismo Gobierno— que alrededor de 4.000 firmas queden exentas del examen a sus cuentas anuales. El ministerio de Carlos Cuerpo presentó el Anteproyecto de Ley por el que se alteran los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de información corporativa, que ya ha pasado por dos fases de consulta pública. La principal novedad del texto es que las pautas que toman como referencia el valor de los activos y de la facturación de las empresas se incrementen un 25%. Esta situación ha despertado una gran preocupación entre los censores de cuentas que alertan de una posible merma en la transparencia económica si sale adelante una medida que, además, supondría una pérdida de negocio para estos profesionales.

Tanto el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) como el Consejo General de Economistas de España (CGE) acordaron solicitar al Gobierno la retirada de la propuesta para corregirla antes de que el texto sea objeto de debate en el Parlamento, según han descrito en un comunicado conjunto este miércoles. Ambos trasladaron a Economía sus observaciones al Anteproyecto la semana pasada, y coincidieron en “la necesidad de mantener los límites de las auditorías obligatorias en los niveles actuales” o, en su caso, en que “el incremento a realizar [de los valores de referencia] debería ser menor”.

Con la propuesta, que ya se sometió a una primera consulta pública hace aproximadamente un año, se pretende “racionalizar las obligaciones de presentación de información corporativa”. Sin embargo, el presidente del ICJCE, Víctor Alió, difiere: “Siguen confundiendo la auditoría de cuentas, que es una herramienta de gestión y para la mejora de la eficiencia, con una carga administrativa”, sostiene. Esta es una de las ideas centrales de el escrito que la corporación ha presentado como respuesta a los cambios planteados por Economía, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Entre otros alegatos, los auditores sostienen que la medida representa un retroceso en la lucha contra la economía sumergida. Detallan que eliminar las auditorías obligatorias en las pymes mermará la calidad de la información a la que tienen acceso los accionistas, las entidades financieras y las Administraciones públicas, aumentará el riesgo de cometer errores contables y provocará un mayor riesgo de evasión de impuestos y de otros delitos de carácter económico. El presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, argumenta que “los beneficios de la auditoría de cuentas, para el interés general, para el control fiscal y para la buena gobernanza de las compañías, superan con creces sus costes”.

De acuerdo con los expertos, lejos de generar ahorro, la propuesta podría implicar mayores costes a medio plazo para las pymes. El presidente del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas de España (REA-CGE), Emilio Álvarez, detalla que “reducir el alcance obligatorio de la auditoría debilita la cultura de control e incrementa significativamente riesgos asociados a procesos clave como el acceso a la financiación, la participación en procedimientos de contratación pública y la gestión adecuada de subvenciones”. Además, según Álvarez, “si las empresas pequeñas reducen sus controles de cumplimiento, podrían derivar estos costes a la cadena de suministros de empresas más grandes”.

El cambio normativo también podría tener efectos negativos en la competencia del sector e impactar la viabilidad de los despachos de auditoría más pequeños, así como destruir puestos de trabajo. La presidenta de la Comisión de pequeños y medianos despachos del ICJCE, Isabel Ezponda, advierte de que que esta situación se enfrenta a uno de los objetivos de la última reforma de la Directiva europea que regula la Auditoría de Cuentas y de la Ley de Auditoría de Cuentas española de 2015, el de “reducir el grado de concentración del sector e incrementar los niveles de competencia”.

Los expertos tampoco hallan sentido en el límite propuesto por Economía. Explican que el 25% fijado en el anteproyecto se corresponde con el aumento que la Unión Europea ha aprobado llevar a cabo en los criterios que se usan para definir el tamaño de las empresas y que se estableció con base en el índice de precios en Europa del decenio 2013-2023. No obstante, matizan que en España estas cifras tuvieron un comportamiento distinto y concluyen que “si se usa como referencia el dato de la inflación, lo normal es que se adapte a la evolución de los precios en España y la propuesta se corrija a la baja”.