Que lo evalúe la AIReF

Se ha convertido ya en lugar común. Desde hace unos años, cada vez que en una reunión o debate sobre asuntos públicos surge la necesidad de evaluar algo con rigor, independencia y capacidad técnica, alguien acaba proponiendo asignar la tarea a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Esto tiene una lectura positiva. En poco más de diez años de vida, la AIReF ha logrado una excelente reputación, lo que demuestra que en España podemos crear instituciones de la máxima solvencia y convertirnos en referencia internacional en poco tiempo. Los españoles no estamos condenados a lo contrario. Siempre, claro está, que acertemos con los máximos responsables de las instituciones y las dotemos de los recursos necesarios.

José Luis Escrivá fue el presidente idóneo de la AIReF para ponerla en marcha; por dedicación, visión estratégica y carácter; y Cristina Herrero está haciéndolo extraordinariamente bien en su mandato, tanto en el fondo como en las formas, en los documentos que produce la institución y en su comunicación. Además, aunque dispone de menos fondos que otras autoridades fiscales similares, su presupuesto es razonable. En comparación, el Consejo de la Productividad de España cuenta también con un fantástico presidente, Juan Francisco Jimeno, pero no con los recursos que precisa.

El corolario del párrafo anterior es doble. Primero, el Gobierno no va a tener fácil encontrar una persona para liderar la AIReF que mantenga el nivel de sus predecesoras, cuando en marzo venza el mandato de su presidenta. Segundo, que el Consejo de la Productividad debería manejar un presupuesto de siete cifras, si queremos que se convierta en la herramienta que necesitamos para poder diagnosticar y proponer en un ámbito en el que España tiene mucho que mejorar.

Dicho lo anterior, la AIReF ni puede ni debe ser quien se encargue de todo en el vector de la evaluación. Fundamentalmente, por la dimensión y extensión del trabajo. El sector público español asigna recursos equivalentes al 45% del Producto Interior Bruto (PIB). Cientos de miles de millones recaudados y gastados por la seguridad social y el Gobierno central, más de 8.000 municipios, 17 comunidades autónomas. Existen docenas de impuestos y de funciones de gasto. En España necesitamos una revolución en el frente de la evaluación de las políticas públicas que empape todas las fases del ciclo presupuestario. Las intervenciones generales en todas las administraciones tienen que hacer evaluación, pero también el Tribunal de cuentas y los Organismos autonómicos de control.

Esa implantación general requiere un impulso a la formación y asignación de recursos. Porque se trata de ir más allá de verificar el cumplimiento de la legalidad, para pasar a utilizar herramientas analíticas sofisticadas que van a exigir desarrollar nuevas capacidades en las plantillas actuales y revisar los procesos de oposición para que los conocimientos y habilidades sean las que hoy necesita la administración pública. La colaboración con las universidades puede permitir implantaciones significativamente más rápidas de estos procesos, porque existe en ellas mucho capital humano para esa formación y para la ejecución de evaluaciones.

Lo anterior puede dar pereza y preocupar por su coste financiero. Sin embargo, los beneficios serían muy superiores a esos costes. Dejar de hacer una obra de 100 millones de euros porque un buen análisis ex-ante demuestra que va a acabar siendo devorada por la maleza da para financiar mucha evaluación. Conseguir que los ciudadanos contribuyentes dejen de percibir la existencia de actuaciones públicas con escasa o nula rentabilidad social es un input fundamental para que su moral tributaria, su predisposición a pagar impuestos aumente. Con la evaluación rigurosa ganamos todos: el dinero público hay que gestionarlo con los mismos estándares de exigencia que el privado.

La AIReF es un ejemplo de éxito y un referente, pero no puede ser el protagonista de todas las películas.