Los sindicatos piden frenar la “involución reaccionaria” para proteger los derechos laborales

Miles de personas por toda España han celebrado este jueves el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Repartidos por las manifestaciones que han tenido lugar en 80 ciudades, trabajadores y sindicalistas han realizado una furibunda defensa de los derechos laborales, que sienten amenazados por el auge de la extrema derecha en Europa, y todavía más tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. “Hay que poner pie en pared”, ha reclamado Pepe Álvarez, líder de UGT, en alusión a los “movimientos reaccionarios” que están reproduciéndose a nivel mundial. “Estamos ante el momento más crítico para los trabajadores desde la II Guerra Mundial”, ha complementado Unai Sordo, secretario general de CC OO. El recorte de la jornada laboral, que será aprobado en el próximo Consejo de Ministros, y deberá someterse después al escrutinio parlamentario, ha sido otra de las reivindicaciones principales en la marcha principal que se ha celebrado en Madrid, algo descafeinada. Mientras los organizadores han calculado la presencia de 50.000 personas, la delegación del Gobierno en la capital la ha rebajado hasta las 12.000. Una cifra que muchos de los asistentes también consideran exagerada.

Pasadas las 12 del mediodía, algunos minutos más tarde de la hora fijada por los sindicatos convocantes, UGT y CC OO, daba comienzo la manifestación por el Primero de Mayo en la capital. La protesta arrancó de la peor manera, con las centrales terriblemente molestas con el Ayuntamiento de Madrid, y particularmente con su alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP). Según la denuncia sindical, este rechazó la petición de instalar un pequeño escenario en la confluencia de la Gran Vía con la calle del Clavel —lugar de arranque habitual de la movilización en los últimos años— para que tomaran la palabra los líderes sindicales y los políticos asistentes. Entre estos últimos, estaban la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o la responsable de Seguridad Social, Elma Saiz, entre otros. La denegación del permiso se remitió este miércoles por la noche, la víspera de la celebración, pese a que la solicitud estaba realizada desde hacia mes y medio. El desbarajuste ha dado pie a que se vivieran imágenes surrealistas y hasta cierto punto peligrosas. Tales como la de Pepe Álvarez y Unai Sordo parados a escasos centímetros de coches y autobuses de un lado, y de una multitud de cámaras de vídeo, micrófonos y grabadoras del otro.

“Estamos hasta las mismísimas narices de este alcalde, que con estas decisiones va a conseguir que tengamos un problema de salud o de seguridad”, protestó Paloma López, secretaria de organización de CC OO Madrid. “Su único objetivo es que en este Primero de Mayo no se vea a los trabajadores en la calle”, añadió. “Estamos aquí para decir con claridad que no vamos a dar un paso atrás en los derechos conquistados”, remachó López. “Los permisos estaban hechos y no han llegado las autorizaciones por parte del Ayuntamiento de Madrid. Por nuestra parte, solo podemos pedir perdón, pero no somos los responsables de esto”, se sumó Susana Huertas, responsable de UGT en Madrid,

Tras abandonar la carretera, Unai Sordo reivindicó el espíritu de la manifestación de este año, antes de ponerse en primera fila tras la pancarta con el lema Proteger lo conquistado, ganar en derechos. “Aunque parezca mentira, los derechos de los trabajadores están en riesgo. La manera de que la sociedad sea más justa, y de que las condiciones de la clase trabajadora sean mejores es profundizando en los derechos adquiridos”, ha defendido Sordo. “Estamos en riesgo de vivir la involución reaccionaria más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Instamos al Gobierno de España y a los gobiernos europeos a ponerse en pie ante la agresión de los Estados Unidos de Donald Trump, y a poner en práctica una política que contrarreste la agresión comercial y arancelaria”, ha añadido el líder de CC OO.

“En estos momentos se están cuestionando avances en derechos que pensábamos que eran irreversibles”, ha apuntado en la misma dirección Álvarez. “Hay que poner pie en pared porque lo que nos estamos jugando también es la propia libertad”, ha añadido. “La internacional del odio quiere terminar con nuestro estado del bienestar”, ha remachado el mandatario de UGT. Tanto Sordo como Álvarez han pedido que, tras la aprobación de la proposición de ley para reducir por ley la jornada laboral semanal (sin merma de salario) hasta un máximo de 37 horas y media en el próximo Consejo de Ministros, los partidos políticos no pongan trabas.

“Este va a ser el último Primero de Mayo en el que tengamos una jornada laboral máxima de 40 horas a la semana”, ha festejado Yolanda Díaz. “Le pido a las formaciones políticas que estén a la altura de las circunstancias”, ha solicitado la ministra de Trabajo, que se ha dirigido directamente al Partido Popular: “Queremos saber la utilidad de los 137 diputados, que tienen en su mano mejorar la vida de la gente”. “Nadie tiene que morir en su puesto de trabajo”, ha lamentado tras recordar a los cinco mineros fallecidos hace un mes en la comarca de Villablino, en Asturias.

“El empleo indefinido cambia la vida de los trabajadores. Somos un país de emprendedores y los buenos datos de empleo y afiliación son los que hacen crecer a nuestro país. Y el Gobierno va a seguir trabajando para lograr consensos y sacar adelante paquetes que sigan protegiendo a los trabajadores”, se ha sumado Elma Sáiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “A todos los fachas y ultras de este país: los derechos de los trabajadores en España va a seguir avanzando”, ha lanzado Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y secretario general del PSOE de Madrid. “No solo no vamos a retroceder, sino que vamos a seguir avanzando de la mano de los sindicatos y con el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha subido el salario mínimo, ha creado el ingreso mínimo vital y ha aprobado una reforma laboral que nos ha permitido tener más empleo estable”, ha añadido.

Miles de personas han marchado también este jueves en Barcelona, donde los ejes centrales de la movilización han sido la defensa de la paz, las pensiones, la mejora de las condiciones salariales, y la lucha contra el auge de la extrema derecha. Además, los manifestantes han exhibido pancartas en contra del expediente de regulación de empleo del Grupo Freixenet —presentado por la compañía recientemente y que afectaría a un 24% de la plantilla—, y a favor de la bajada de los precios del alquiler, uno de los problemas principales que afectan actualmente a los ciudadanos.

La secretaria general de CC OO en Cataluña, Belén Lopez ha exigido a las empresas que busquen otras vías para hacer frente al aumento de costes y que el despido sea el último recurso : “Perder el trabajo es perder la estabilidad, los trabajadores no somos números”, ha aseverado. El secretario general de UGT en Catalunya, Camil Ros, ha celebrado la amplia movilización, y se ha referido a otro punto caliente de actualidad, la operación del BBVA para hacerse con el Banco Sabadell, que ha criticado: “Hay que defender los puestos de trabajo”. También, en referencia al contexto geopolítico mundial, ha destacado la importancia de construir y defender una Europa “democrática y fuerte socialmente”, en contra de modelos “como el chino y el americano”. La protesta, en la que han participado unas 2.200 personas según fuentes sindicales, ha concluido en la Plaza de Antoni Maura, donde se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de siniestralidad laboral.

Huelga contra Mazón

En Valencia, más de 3.000 personas según cálculos de la Delegación del Gobierno, se han manifestado ante el avance de la ultraderecha. A la propuesta de los comités de emergencia de la dana, que apoyan sindicatos como CGT, CNT, COS (Coordinadora Obrera Sindical) y la Intersindical Valenciana, de convocar una huelga general el próximo 29 de mayo en la Comunidad Valenciana, como protesta por la negligente gestión de la dana de Carlos Mazón, los dirigentes de UGT y CC OO han asegurado valorarán la convocatoria y decidirán si se suman. Lo que sí han pedido ambos es la dimisión de Mazón, y de su gobierno. “No más mentiras, la recuperación pasa por que el presidente abandone su cargo”, afirmación que ha desatado algunos gritos de “Mazón, dimisión”.

En los discursos, la secretaria general de CC OO-PV, Ana Garcia Alcolea, ha defendido el escudo social desplegado para proteger a los trabajadores durante varias crisis consecutivas, y ha subrayado la necesidad de que se cumpla el acuerdo para reducir la jornada y se reforme el despido en España. También ha advertido que “la derecha y la extrema derecha han votado sistemáticamente contra el conjunto de los trabajadores”. “Sabemos que a golpe de BOE o de Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), todos esos derechos podrían desaparecer”, ha abundado.

Tino Calero, recién elegido secretario general de la UGT-PV, ha insistido en que los sindicatos “no darán un paso atrás” pese al contexto político tan preocupante, “con una extrema derecha que avanza y está condicionando en España y en el País Valenciano las políticas del PP”. “No se está cuestionando solo el modelo del Estado, sino la misma democracia”, ha remachado Calero, que ha llamado a defender un modelo de protección social europeo que ha aportado bienestar y seguridad a los ciudadanos. “Todo eso está hoy en cuestión por los apóstoles de la antipolítica”, ha incidido el dirigente de UGT-PV.

A la marcha en la capital valenciana se han unido políticos del PSPV-PSOE como la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, o el expresidente de la Generalitat Ximo Puig, así como las diputadas de Compromís Águeda Micó o Isaura Navarro, o la exvicepresidenta Mònica Oltra. Los participantes han coreado lemas en defensa de la reducción de jornada, contra la guerra, en defensa de Palestina, y de condena por los altos alquileres.

Montero, en Sevilla

La marcha en Sevilla ha estado marcada por la presencia de líderes políticos nacionales —la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, y el coordinador general de IU, Antonio Maíllo— y por la resaca del gran apagón. Este ha servido a los responsables sindicales para reivindicar la importancia de tener unos servicios públicos fuertes.

Como en el resto de España, tanto el secretario general de UGT-A, Oskar Martín, como la de CC OO-A, Nuria López, han defendido los últimos logros en materia laboral, como la subida del Salario Mínimo, y han instado a la aprobación de la reducción de la jornada laboral. Ambas medidas fueron cuestionadas un día antes por la consejera andaluza de Empleo, Rocío Blanco, que aseguró que habían supuesto un aumento de los costes empresariales, respecto del SMI; y que se trataba de una iniciativa que se adoptaba en los casos en los que subía la productividad, algo que no sucedía en este país. Esas declaraciones han sido negadas categóricamente por ambos líderes sindicales. “Los datos no avalan sus afirmaciones, en Jaén hay una tecnológica que ha reducido hace años la jornada laboral y ha incrementado su producción”, ha indicado Martín a EL PAÍS.

Pese a que en términos interanuales el desempleo ha bajado en Andalucía (60.900 parados menos respecto al primer trimestre del año pasado), la tasa de empleo juvenil sigue siendo de las más altas de España (34,4%, según la EPA del primer trimestre de 2025, la segunda peor, detrás de Extremadura). Por eso Sofía, enfermera de 23 años, y María, actriz de 24, se sorprendían de la escasa presencia de personas de su edad en la manifestación. “Nosotras somos gallegas, aunque vivimos aquí; y allí hay mucha concienciación por parte de la gente de nuestra edad y notamos mucha diferencia”, cuenta María para la que manifestarse es “una manera de comunicar de manera tangible que merecemos derechos, calidad en el trabajo y descanso”.

La situación de la sanidad pública andaluza —que congregó a más de 20.000 personas en otra manifestación a principios de abril— y la de la educación han sido otras de las reivindicaciones de la marcha de Sevilla, que ha congregado a unas 1.500 personas según cálculos de la Policía.