La Policía concluye que los 100.000 euros entregados por un empresario a Alvise se destinaron “a todas luces” a financiar su campaña

La Policía Nacional ha remitido al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar, que investiga la supuesta financiacion irregular del eurodiputado y líder de Se Acabo la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, Alvise, un informe en el que “reputa como veraz” que los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo afirmó haber entregado al agitador ultra fueron destinados a financiar parte de la campaña electoral de este a las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, en las que obtuvo 800.000 votos y tres escaños. El informe policial incide en que “resulta a todas luces evidente que el ánimo subyacente que reside en la actuación de Luis Pérez Fernández es la obtención de fondos para financiar la campaña electoral, que además deben ser opacos en el sentido de no declarados y de origen difuso, pretendiendo que no sean fiscalizados por el Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la cantidad finalmente entregada pudiera haber sido superior ya que el propio Alvise alude en un mensaje intervenido a que necesitaría entre 300.000 y 360.000 euros.

Alvise declaró por esta causa en el Supremo en julio pasado y, durante el interrogatorio, admitió que recibió 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, pero negó que utilizara ese dinero para financiar la campaña de las elecciones europeas de 2024 de su agrupación electoral. Fuentes presentes en la declaración señalaron entonces que Alvise aseguró que había usado la mitad de ese dinero para gastos personales y para algunos viajes profesionales, y que la otra mitad la tenía guardada. Romillo, quien declaró después de hacerlo el eurodiputado, desmintió esa versión y, según las mismas fuentes, aseguró que siempre quedó claro que los 100.000 euros eran para gastos del partido. Ahora, el documento policial respalda el testimonio del empresario y destaca que “no hay dato alguno” que vincule la entrega de ese dinero con “la prestación de servicio por su parte a Álvaro Romillo o a sus estructas societarias adscritas, como había manifestado Alvise Pérez”.

El informe policial, fechado el pasado 30 de agosto y elaborado por la Comisaría General de Información, analiza los mensajes intercambiados por Romillo con Alvise a través de la aplicación de mensajería instantánea Signal y que fueron recuperados por la Policia en el teléfono del primero. Tras constatar que los mismos no han sido manipulados, los investigadores destacan que de ellos se desprende que el agitador ultra hace ver a Romillo “la potencialidad” de la colaboración entre ambos. “Con un buen acuerdo de colaboración, tus proyectos podrían llegar a muchísima más gente, y yo financiar con seguridad y holgura mi campaña sin la problemática de la persecución estatal”, se lee en uno de ellos.

El político desgrana sus “necesidades”, entre las que cita “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” y “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad” que él no puede pagar de su bolsillo “por la ley de financiación de partidos políticos”. El líder ultra añade que también tiene que “afrontar ciertas multas contra el estado y Protección de Datos (corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales)”. “Como voy a renunciar al sueldo público [una de sus promesas electorales si era elegido] me viene bien también eso para financiar la aventura política [...] En cash es irrastreable, sí”, dice en otro.

Respecto a Romillo, conocido en las redes como Luis CryptoSpain, los agentes señalan que se mueve por intereses exclusivamente empresariales, “no siendo su propósito directo financiar la campaña electoral de SALF, siendo no obstante plenamente consciente de que ese es el interés de Luis Pérez Fernández, coadyuvando a su consecución”. Según la Policía, el “principal acicate” del empresario son “sus expectativas de negocio de cara a involucrar a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, considerada un chiringuito financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “con la pretensión de lucrarse consecuentemente”. El informe policial recalca que ,“en numerosas ocasiones a lo largo de los mensajes”, el empresario expuso a Alvise “las diversas posibilidades metodológicas de mover capitales sin que sean trazables por las instituciones fiscalizadoras, ni detectadas como financiadores de su campaña electoral”.

Así, añaden los agentes, dos días antes de que se produjera la entrega de los fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo le propuso que el dinero que reciba SALF materializados en criptomonedas “sea compensado en efectivo en Sentinel [una plataforma bancaria], de forma que los pagos que reciba SALF en diversas wallet [monederos virtuales] controladas por Romillo sean siempre controlados por este, pues será el que dispone de clave privada [...] que permite operar”. De esta forma, añaden los agentes, “todas las aportaciones de terceros a través de criptomonedas serían recolectadas” por Romillo, que le indica a Alvise que publique en sus redes las direcciones de los monederos virtuales.

La Policía explica que la forma de actuar de Alvise, “consistente en introducir capitales en una sociedad a base de simular que es una operación económica real”, ha sido “tradicionalmente utilizada en múltiples ocasiones por la criminalidad organizada”. Se trata, básicamente, de “simular que el dinero entrante es un préstamo realizado por un tercero, que tiene luego el derecho de canjearlo por participaciones sociales de la sociedad limitada, produciéndose una ampliación del capital social [...]. Este movimiento ―recoge el informe― disimula la verdadera pretensión de los actores, en este caso utilizar ese capital para financiar a la agrupación electoral SALF”.

Esta es, de las tres causas que tiene abiertas en el Supremo, en la que se investiga a Alvise por delitos más graves: financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. De las otras dos, en una se le investiga por difundir una supuesta prueba falsa de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa. En la otra, por varios mensajes lanzados a través de la aplicación Telegram contra la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert, y que, según el alto tribunal, pueden constituir un delito de acoso.