La Fiscalía pide que el Banco de España entregue al Congreso información sobre los beneficios extraordinarios del sector

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que el Banco de España facilite al Congreso de los Diputados el acceso a la información sobre los beneficios extraordinarios que obtuvo la banca en 2022 y 2023 por sus depósitos. En un informe de alegaciones, el fiscal Manuel Campoy afirma que el supervisor, en el que recientemente ha aterrizado José Luis Escrivá como gobernador, ha vulnerado los derechos fundamentales de los ciudadanos al rechazar la entrega de dichos datos que fueron solicitados por la Cámara Baja, amparándose en el deber de guardar “secreto profesional”. En este sentido, el ministerio público solicita que se estime la demanda que tres diputados de Sumar presentaron ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

En concreto, los diputados Txema Guijarro, Carlos Martín y Manuel Lago impugnaron un acuerdo del entonces gobernador, Pablo Fernández de Cos, del pasado 10 de junio, dirigido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la que denegó el acceso a la información requerida un mes antes relacionada con la “cantidad pagada por el Banco de España a las entidades de crédito en los años 2022 y 2023 en concepto de intereses abonados por sus fondos depositados en la facilidad de depósito, con un desglose del pago individualizado para cada entidad”.

La reclamación de Sumar se refiere a los ingresos extraordinarios cobrados por las entidades bancarias por la facilidad de depósito. Esto es, el interés que reciben por realizar depósitos a un día en los bancos centrales. Durante la larga era de los tipos cero, esta cifra llegó a ser incluso negativa, por lo que cobraba a los bancos por tener depósitos en el Eurosistema.

Esta era una de las fórmulas con las que el Banco Central Europeo (BCE) trataba de estimular la economía, penalizando que los bancos tuviesen aparcada la liquidez y no la prestasen. Sin embargo, esto cambió con la escalada de la inflación en 2022, en plena guerra en Ucrania. El banco central elevó los tipos de interés y también la facilidad de depósito, lo que provocó que las entidades pasasen de pagar por la liquidez depositada en el BCE a rápidamente obtener réditos por ella. Este es uno de los elementos que ha elevado en los últimos años la liquidez de las entidades e impulsado los beneficios y que justificó que el Gobierno introdujese el impuesto extraordinario al sector.

Hernández de Cos habló de este tema en una comparecencia en el Congreso el pasado mes de mayo. “¿Por qué no podemos darle los datos individuales? Estamos sujetos al deber de confidencialidad [al respecto]. El Banco de España no puede hacer otra cosa que cumplirlo”, dijo en respuesta a una de las preguntas formuladas por uno de los diputados de Sumar que firmó la demanda, Carlos Martín.

Falta de motivación

El fiscal Campoy subraya en su escrito que “quienes están pidiendo la información no son particulares, afectados o no por el contenido concernido, sino diputados del Congreso en su condición de representantes del pueblo español, por el conducto reglamentario de las cámaras y para el ejercicio de su función parlamentaria”. Y añade que el secreto profesional y empresarial “no constituyen derechos fundamentales, sino medidas instrumentales para la protección de determinados intereses concernidos en cada caso y situación”.

En este sentido, el ministerio público critica que el acuerdo del Banco de España impugnado no motive suficientemente su negativa a entregar la información solicita y se limite a “ofrecer una justificación formal con invocación de afectar a la ‘política monetaria-facilidad de depósito’ y al ‘secreto profesional’”, haciendo referencia a normas de derecho europeo, cuando dicha normativo “no regula, prohíbe ni impide que la información bancaria que pudiera constituir secreto profesional pueda ser facilitada a los diputados de los parlamentos nacionales cuando fuere recabada en el ejercicio de sus funciones parlamentarias”.

Por todo ello, la Fiscalía pide que a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que anule la resolución del Banco de España porque supone una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, a través de sus representantes parlamentarios, a acceder y participar en condiciones de igualdad a los asuntos, funciones y cargos públicos, en su vertiente funcional de acceso a la información de los poderes públicos. Y, como consecuencia, que se facilite a los diputados la información pedida, previa solicitud motivada del gobernador de celebrar una sesión secreta o que se aplique el procedimiento establecido para el acceso de materias clasificadas, establecido en el artículo 6.3 de la Ley de Autonomía del Banco de España.