Esta gobernanza económica es un poco extraña
El principal problema de los nuevos organigramas es que no responden a la realidad e introducen confusión entre los agentes económicos


La gobernanza económica de Pedro Sánchez para esta legislatura es un poco extraña. Consagra como vicepresidenta primera y titular de Hacienda a una mujer de potente olfato, pero poco ducha en la materia general y menos en la ‘asignatura Bruselas’, María Jesús Montero. Y coloca por debajo como ministro de Economía al ex secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, un técnico respetado de quien todos hablan bien, pero que no ha encabezado las negociaciones europeas, ni las del Next Generation, ni las de la reforma Pacto de Estabilidad, más que como adlátere.
Mientras que “la definición y puesta en marcha de las medidas para paliar” la guerra rusa, así como “la negociación de algunas de las principales reformas económicas de los últimos años”, como la laboral, la ley Crea y Crece o la del Mercado de Valores, las protagonizó el secretario de Estado, Gonzalo García Andrés, según el comunicado del propio ministerio. A ver si nos explican por qué, siendo así, no lo han retenido.
Pero es que, además, la rareza es funcional. Cuerpo reportará a Montero. Pero presidirá la Comisión Delegada de Asuntos Económicos —verdadera criba y proemio del Consejo de Ministros—, por lo que tendrá bajo sus órdenes a quien sea que represente a Montero. Y a las otras vices, Teresa Ribera y Yolanda Díaz, teóricamente sus superioras.
Esta disfunción no solo se da en Economía. También en asuntos políticos. Félix Bolaños, como ministro de Justicia, de Presidencia y de Relaciones con las Cortes —y, por tanto, consejero-delegado de todas las negociaciones con la retahíla de aliados multicolores—, acumula mucho más poder que la mayoría de los vices políticos desde el inicio de la Transición.
Pese a ello, es un ministro de base, ante el desbordante grado jerárquico de las tres vices, sus también teóricas jefas. Involucradas en otra disfunción: la vice social y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ostenta un plus de influencia sobre Ribera y Montero, pues al encabezar al socio menor, dispone de cartas inigualadas por las demás en la negociación de asuntos polémicos, cara a cara con el presidente.
En la legislatura anterior, Nadia Calviño atesoraba la potestas de la vicepresidencia primera con la auctoritas de la experimentada campeona de la negociación en Bruselas, heredada de haber pactado presupuesto tras presupuesto en la UE. Lo que le permitía compensar —con holgura— la ventaja posicional de la ministra de Trabajo. Pero ese es un activo intransferible: nadie durante decenios ostentará como ella haber allegado a España un capital de 150.000 millones para inversiones.
El principal problema de estos organigramas que no responden a la realidad es que introducen confusión entre los agentes económicos, a quienes les cuesta (no solo a ellos) enterarse de a quién deben dirigirse, porque es quien manda. Y eso procura contradicciones, puede ser caldo de cultivo de cierta irresponsabilidad y favorece a quien ostenta la posición de árbitro —naturalmente, el presidente— dando pie, en caso de escasa autocontención, a arbitrismos o arbitrariedad.
Por supuesto que dada la experiencia de la actual coalición (y su cabecera) en sortear obstáculos, estos problemas serán menores.
Pero también mayores: son más agudas las contradicciones entre diversos e ideológicamente contradictorios aliados parlamentarios; más evidentes las exigencias poco conciliables del impulso social requerido desde la base social y la ortodoxia fiscal indispensable ante los mercados y la Unión; y la urgencia de responder a las añagazas de la derecha-derecha extrema, a la par que tender puentes al conservadurismo potencialmente moderado. Menuda tarea.
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