Un apabullante poder de mercado

Las recientes manifestaciones en el Congreso de Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), confirman las sospechas sobre la imposibilidad de reducir los privilegios de las grandes corporaciones que nos gobiernan. La responsable de velar por el buen funcionamiento de los mercados admitió que era “verdad que la Audiencia Nacional, sistemáticamente, suspende todas y cada una de las sanciones de competencia por entender que, en el análisis del interés general o el perjuicio para la parte, debe primar el segundo”. Reconoció además que las prohibiciones de contratar a las empresas sancionadas “no se están aplicando”.

Fernández respondía así a las preguntas de los diputados sobre la suspensión por parte de la Audiencia Nacional de la multa de 203 millones impuesta en 2022 por la CNMC a seis grandes constructoras, Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr por “alterar durante más 25 años el proceso competitivo en licitaciones de construcción de infraestructuras”. Es decir, toda la vida. Se trata de una infracción muy grave de la ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de la UE. Prácticas con efectos “muy dañinos para la sociedad” que afectan a la construcción de hospitales y carreteras. Actividades perjudiciales para la mayoría pero muy rentables, pues la cuantía de las multas es difícilmente disuasoria al representar un máximo del 6,4% de la facturación.

Fernández recomendó a los diputados la obra del economista Jean Tirole por sus análisis sobre el poder de los mercados y la regulación. En La economía del bien común, (Taurus), con una excelente traducción de María Cordón Vergara, el Nobel francés define el poder de mercado como “la capacidad de hacer pagar a los consumidores precios muy superiores a los costes y ofrecer productos de mediocre calidad”.

Tras las sucesivas derrotas de quienes persiguen una alternativa al capitalismo convencional, una parte de los esfuerzos se concentran ahora en evitar la manipulación del mercado por las grandes corporaciones. El poder de estas se ampara en la raquítica capacidad sancionadora de la CNMC, que ahora se quiere reforzar, y las decisiones de los tribunales. Las resoluciones de la CNMC son revisadas por la Audiencia Nacional, cuyos magistrados no están especializados en la materia y eternizan sus decisiones. En 2018, los bancos Santander, Sabadell, BBVA y Caixabank fueron sancionados con 91 millones por ofrecer créditos y derivados financieros a constructores de parques eólicos con una apariencia falsa de los precios. Los bancos recurrieron y allí sigue. Luego les queda aún el Supremo.

El poderío de las corporaciones es apabullante. Un dominio amparado por el intocable Poder Judicial, que controla los tribunales, y que el PP no quiere soltar. Es esta quizá la mayor raíz del aumento de las desigualdades.

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