La CEOE muestra su “frontal oposición” a la reforma de pensiones y acusa al Gobierno de “voracidad recaudatoria”

La patronal ha mostrado este viernes su “frontal oposición” a la reforma del sistema de pensiones que el Gobierno ha presentado a los agentes sociales, que considera “regresiva” y “populista”. En un comunicado conjunto, las asociaciones empresariales CEOE, Cepyme y ATA cargan contra una reforma que, defienden, “mermará los salarios e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”. En el comunicado, emitido tras la reunión celebrada este viernes con los agentes sociales, la patronal acusa al Gobierno de tener “voracidad recaudatoria”. A pesar del rechazo mostrado, fuentes de la patronal han indicado a EL PAÍS que acudirán a la próxima reunión, que se celebrará el próximo lunes.

En el otro lado de la negociación, los sindicatos han recibido bien la propuesta emitida por el Ministerio dirigido por José Luis Escrivá: en un comunicado conjunto, CC OO y UGT valoran positivamente tanto “la orientación que se plantea para la segunda fase de la reforma iniciada en julio de 2021″, como las medidas concretas que la conforman. Con todo, apuntan que hay flecos por pulir, notablemente en relación con las medidas orientadas a la reducción de la brecha de género.

La reforma planteada por el Gobierno ofrece a los pensionistas la posibilidad de elegir entre dos periodos de cómputo para su pensión: el actual, de 25 años, o uno ampliado de 29 años, del que se podrán sustraer los dos años de menor cotización. Es decir, en la práctica, el pensionista elegirá entre un cómputo de 25 o de 27 años. Además, introduce una cuota de solidaridad en las cotizaciones de los sueldos más altos, aumentando sus aportaciones, y duplica el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI).

Para la patronal, estas medidas ponen en riesgo a las pequeñas empresas y autónomos, que tienen menos músculo financiero para afrontar la subida de costes. La propuesta del Ejecutivo supone, a su juicio, “una subida generalizada de cotizaciones” que perjudicará la creación de empleo. Además, las asociaciones empresariales consideran “regresiva” la medida porque “implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión”. Esta, apuntan, “socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales, ya que los trabajadores, con mayor carga por el lado de sus cotizaciones, verán absorbidos parte de los incrementos en su retribución”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado el acuerdo “para proteger las pensiones” en su cuenta de Twitter: “Lo haremos incrementando los ingresos que aportarán las empresas por los salarios más altos y protegiendo más las pensiones más bajas”. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha recalcado por su parte la influencia del partido morado en la propuesta: “La propuesta sobre pensiones que hoy hace el Gobierno a los agentes sociales ha sido muy trabajada y demuestra que lo que siempre ha dicho Podemos es posible”, ha afirmado en un tuit publicado a primera hora de la mañana.

Falta de diálogo social

Además, la patronal ha reprochado al Gobierno que haya presentado la reforma “sin el necesario debate y diálogo social”. El acuerdo al que ha llegado el Ejecutivo con Europa supone, a su juicio, “una cesión de soberanía sin precedentes”. Los empresarios denuncian asimismo que no han recibido la documentación antes de la reunión de este viernes, que sí han “visto reflejada hoy en los medios de comunicación”. Los empresarios tampoco participaron en el acuerdo de subida del salario mínimo, aprobada a principios de año.

Los empresarios, que ya se habían mostrado en otras ocasiones en contra de aumentar las bases de cotización, confirman con este comunicado que la reforma, al menos en estos términos, no contará con su apoyo. La medida tampoco contaría con el beneplácito del Partido Popular: su vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, afirmaba este viernes en una entrevista en RNE que los populares temen que la reforma ponga en riesgo las pensiones en los próximos años.

La hoja de ruta del Ejecutivo para llevar a efecto lo que por el momento es un acuerdo provisional es la siguiente: después de la reunión del próximo lunes con los agentes sociales, Escrivá detallará los cambios al Pacto de Toledo el miércoles y, si no hay sorpresas, se aprobará la reforma por real decreto ley en Consejo de Ministros. Después llegaría el trámite parlamentario, que el Gobierno espera superar al menos con los apoyos de ERC y EH Bildu.

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