Volvemos a pactar

Desde que en 1995 se firmó el primer Pacto de Toledo las críticas en torno a los acuerdos sobre pensiones pueden dividirse en dos grupos: Unas, consideran el pacto y los acuerdos como un lastre que impide la adopción de las reformas auténticas imprescindibles; otras exageran los resultados partiendo de su presentación y afirman que no se ha retrasado la edad de jubilación, o que las nuevas pensiones han bajado el 25%. En realidad, los efectos de todas las reformas pactadas han sido positivos y relativos.

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Escrivá y los agentes sociales desbloquean el acuerdo de las pensiones

Llevábamos diez años desde el último gran acuerdo, y un buen número de ellos manteniendo sottovoce medidas aprobadas contrala concertación social. El factor de sostenibilidad aprobado en 2013 se pospuso hasta 2018, y luego el propio Gobierno que lo aprobó lanzó una patada a seguir cuatro años más, pero la propia AIReF cuando la dirigía el propio ministro Escrivá la incluía entre sus previsiones, y ahora el indicador sustituto deberá cumplir la función contingentadora del gasto asignada al factor. Configurar un indicador complejo será pues difícil, pero en todo caso no basarlo todo al automatismo “más esperanza de vida / menor pensión inicial” evitará la tentación de explicitar la paradoja de qué hubiera pasado con un factor 13 en aplicación después de la covid-19.

Centrar el esfuerzo del acuerdo en reducir las jubilaciones anticipadas haciendo más atractivos los incentivos al retraso y penalizando más los anticipos, es muy razonable. Las jubilaciones anticipadas siguen suponiendo casi el 40% del sistema, y un porcentaje superior de los trabajadores asalariados. Este acuerdo deberá generar una cultura que permita la negociación de planes de pensiones vinculados a la negociación colectiva centrados en los anticipos, que descarguen al sistema de esta tensión.

Y conseguir que todas las reducciones de cotización de autónomos y agrarios, los permisos por cuidado de hijo y otras prestaciones queden taxativamente del lado fiscal de los tributos, saliendo de las cotizaciones, es una reivindicación tan antigua como necesaria. Por cierto, que una prestación financiada tributariamente se pague en proporción a la cuota del beneficiario no es extraño e incentiva la cotización. Otras referencias a cuestiones planteadas hace bien poco tiempo han visto la luz, y creo que todos los que las defendimos podemos estar orgullosos.

Faltan cosas en el acuerdo. Como siempre. Otras cuestiones, como la revalorización por IPC, venían marcadas por el acuerdo parlamentario y el desafortunado 0,25%. Serán necesarios nuevos pactos. Pero este es un acuerdo importante. Sindicatos y empresarios recuperan un papel predominante. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha conseguido que los tributos asuman gastos que antes cargaban las cotizaciones. Pensionistas y cotizantes ven como la Seguridad Social es territorio de acuerdo. Y ahora queda el siguiente capítulo del libro, que el déficit y la deuda se embriden gracias a una consolidación fiscal imprescindible. Nuestras pensiones no son altas, son nuestros impuestos los bajos.

Octavio Granado, exsecretario de Estado de la Seguridad Social