Los interinos que suspendan la oposición serán indemnizados con 20 días por año trabajado

El Gobierno ha trasladado a los sindicatos una nueva propuesta mucho más ambiciosa dentro de las negociaciones que se están llevando a cabo en las últimas semanas para lograr la estabilización del conjunto de funcionarios interinos que se concentran en las Administraciones Públicas. La principal novedad que contempla el actual borrador con respecto al anterior es que todos aquellos que no logren superar el concurso-oposición diseñado por Función Pública serán indemnizados con 20 días por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades.

De esta forma, el paraguas protector se extiende también para aquellos trabajadores temporales que se encuentran en estos momentos cubriendo una vacante, y no solo a quienes se mantengan en esta situación una vez entre en vigor el real decreto por el que se limitará su presencia en los organismos públicos, tal y como proponía inicialmente el Gobierno. En el documento se mantiene la decisión de incluir en bolsas de empleo específicas a los interinos que no superen el concurso-oposición.

Este avance ha sido bien recibido por los sindicatos, que han venido reclamando que no se produjera una discriminación entre interinos. Además, entienden que estas nuevas indemnizaciones funcionarán también como “medida compensatoria y disuasoria” para las administraciones que sigan abusando de esta fórmula de contratación. “Es un avance muy importante, porque hay que tener en cuenta que nunca antes un interino había tenido derecho a una indemnización por cese”, reconocen desde CC OO, uno de los sindicatos que, junto a UGT y CSIF, poseen una mayor representatividad dentro del colectivo de trabajadores públicos.

El borrador, que ha sido trasladado este viernes a los sindicatos, recoge las aportaciones realizadas por las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) esta semana. Según adelantan fuentes del diálogo social, será previsiblemente el próximo lunes, 5 de julio, cuando se produzca una nueva reunión de la Mesa General de las Administraciones Públicas en la que se acordará el contenido final. De esta forma el Gobierno podría llevar el texto al Consejo de Ministros del día después, el martes 6 de julio, en el que se plasmaría en forma de real decreto. Este marcará una serie de pautas para reducir la temporalidad tanto en la Administración central como en las locales y autonómicas, aunque estas tendrán cierto margen de maniobra.

Horizonte 2024

A pesar de que las mencionadas fuentes del diálogo social celebran la evolución de las negociaciones ―que partieron de la voluntad única de reformar el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y donde no se contemplaba ninguna estabilización― aún hay aspectos que siguen quedando pendientes de resolución. Es el caso de la eliminación de la tasa de reposición ―el indicador que mide el porcentaje de vacantes en el empleo público y determina cuáles pueden ser cubiertas con nuevas incorporaciones―, o la compatibilidad del proceso de estabilización con la movilidad y la promoción interna del personal fijo. Reivindicaciones que CSIF sigue poniendo sobre la mesa.

Según ha podido saber EL PAÍS, no ha habido modificaciones al respecto del diseño del concurso-oposición con el que el Ministerio de Función Pública, que dirige Miquel Iceta, pretender estabilizar el empleo de los 310.000 interinos que trabajan en la Administración Pública ―los sindicatos elevan esta cifra a más de 800.000―. La voluntad es que en la parte de concurso tenga un peso mayoritario la experiencia acumulada por los años de trabajo y se establece un horizonte cercano no solo para la resolución del proceso, sino también para su ejecución: 2024. En tres años todas estas plazas deben contar ya con funcionarios de carrera que las ocupen de manera fija.