Transparencia y sociedad civil

Los ciudadanos quedaron atónitos cuando vieron que los contratos de las compañías farmacéuticas con la UE sobre las vacunas de la covid-19 estaban repletos de tachaduras. Ciudadanos y empresas se sienten cada vez más impotentes ante el descomunal dominio de las corporaciones tecnológicas y financieras. La falta de transparencia ante los crecientes poderes económicos es un serio desafío para las democracias y el buen funcionamiento de una economía social de mercado.

Durante la última década juristas y ciudadanos han librado una intensa batalla por sus derechos (desahucios y cláusulas abusivas) frente al poder financiero. La falta de transparencia alcanza también a otros sectores como energía, telefonía y las plataformas vinculadas a internet.

La protección de los ciudadanos ante esta realidad ha sido el núcleo de un profundo debate organizado por el Colegio de Abogados de Barcelona centrado en el valor de la transparencia. Ha sido una sorprendente manifestación de la sociedad civil, con más de 2.500 juristas, académicos, asociaciones de consumidores de toda España y más de 11 países, que han contrastado sus posiciones con los poderes públicos y económicos. El encuentro ha sido inspirado por un comité científico, presidido por el profesor Javier Orduña, ex magistrado del Tribunal Supremo, principal impulsor del principio de la transparencia.

En un país agobiado por varias crisis (sanitaria, económica y política) esta eclosión de la sociedad civil revela la existencia de otras iniciativas decisivas para el progreso social. Para Orduña “el modelo social de la UE no se concibe sin el principio de transparencia”. En su opinión, los ideales y los derechos no se regalan, “se pelean”.

Las 80 ponencias buscan la regulación de la transparencia como norma legal y la adaptación de la jurisprudencia española a la europea, de la que se ha distanciado.

Para Juan Antonio Xiol Ríos, magistrado del Tribunal Constitucional, “sería prudente una proclamación explícita de la transparencia en una reforma de la Constitución”. Según el ministro José Luis Escrivá, “la transparencia es el pegamento que hace que un Gobierno eficaz y democrático funcione de forma vigorosa”. Miquel Roca, padre de la Constitución, aseguró que “no hay igualdad sin transparencia”.

El magistrado Francisco González de Audicana, estudioso del impacto de internet en los derechos, alertó de que “la asimetría en los contratos entre las plataformas y los ciudadanos es mayor todavía”.

Los presidentes de las asociaciones de consumidores Patricia Suárez (Asufin) y Manuel Pardos (Adicae) exigieron una regulación de las acciones colectivas para que los derechos sean efectivos. El abogado Eugenio Ribón calificó “de absurdo que las cláusulas no transparentes no sean calificadas de abusivas”.

La sociedad civil avisa. El modelo social europeo no debe ser solo retórica.