¿Y ahora qué?

El inédito Gobierno de coalición que acaba de formarse en España ha despertado sensibilidades de todo tipo que solo parecen coincidir en preguntarse: “¿Y ahora qué?”. La ciencia política y económica ha mostrado que la estabilidad y eficiencia de los ejecutivos con miembros coaligados depende de la capacidad de cohesión del liderazgo, pero casi siempre cuentan con una ventaja: el control que ejercen unos a otros impiden orientaciones hacia los extremos y obligan a encontrar soluciones más centradas. En España esto no va a ser, en principio, sencillo porque el Consejo de Ministros tendrá muchas sillas y porque el Parlamento va a ser aparentemente hostil. Aun así, los mecanismos de control y mayorías parlamentarias serán esenciales y, por encima de ellos, un anillo adicional de vigilancia desde Bruselas, por los compromisos adquiridos como miembros de la UE.

La premisa económica de un Gobierno como el actual debería alinearse con el objetivo general que más se propone recientemente para la estabilidad social y el desarrollo a largo plazo: crecer, pero hacerlo de forma inclusiva, reduciendo desigualdades y promoviendo las oportunidades sin socavar el esfuerzo y mérito individual. Con el Congreso de los Diputados algo enardecido, los agentes sociales deberían desempeñar un papel esencial para fomentar el crecimiento y a la vez desarrollar medidas inclusivas y, a ser posible, acuerdos en política de rentas y distribución. En todo caso, sería conveniente primero cerrar primero unos Presupuestos actualizados que permitan actualizar las políticas. No necesariamente para más gasto sino para una reorientación del mismo. En ausencia de apoyos para otras reformas sería mejor no tocar las que han funcionado y orientar nuevas en materia social. Hay áreas como educación, vivienda o dependencia donde son muy necesarias.

El autocontrol parece posible porque existe un equipo económico fuerte en algunas carteras, perfectamente alienado con Bruselas. Así, por ejemplo, en materia de pensiones —donde se cuenta con un especialista— convendría que todos los partidos (y no solo los que ahora forman el Ejecutivo) abandonaran el discurso de la actualización de pensiones sin más y retomaran el debate de la sostenibilidad. Siempre son un cierto alivio las declaraciones de los responsables de carteras económicas que están acompañadas de añadidos como “respetando siempre las reglas comunitarias”. Así, en el Consejo de Ministros, algunos probablemente tendrán que olvidar pretensiones expresadas en el pasado precisamente por ser contrarias a esas restricciones impuestas por la UE. Pero en ese Consejo va a ser esencial que se marquen líneas generales de actuación que eviten la sensación de que puedan intentar proliferar 22 proyectos individuales en lugar de una estrategia común. La vía de descentralización de carteras por la que se ha optado debería servir para que algunas de ellas sirvan de control de otras en materia de gasto y responsabilidad (política territorial, medioambiente…).

Finalmente, no puede olvidarse que vivimos una épica en la que los mensajes valen tanto como las acciones, al menos a corto plazo y, por lo tanto, la política de comunicación debe ser firme para evitar disonancias que los mercados, inversores o socios internacionales puedan recibir mal.