Toca refinanciar

La financiación avalada por el ICO en el contexto de las líneas covid-19 supera ya los 80.000 millones de euros, que han permitido movilizar casi 110.000 millones de euros a empresas y autónomos. Así como en la anterior crisis la falta de canalización de recursos suficientes a las empresas fue una de las principales dificultades para superarla, en esta ocasión las autoridades europeas han resultado mucho más ágiles y la financiación empezó a permear al tejido empresarial desde finales de marzo.

Sin embargo, la forma en la que se estructuraron las líneas contemplaba una duración de las restricciones impuestas por la pandemia menor a la que finalmente se está registrando. En el contexto actual de retraso en la recuperación económica y su consecuente impacto en la capacidad de las compañías de generar liquidez, una gran mayoría de los prestatarios que captaron financiación avalada no va a poder hacer frente a los primeros vencimientos, que se empiezan a producir en el primer trimestre de 2021. En este escenario se enmarcan las medidas anunciadas a nivel europeo y ya implantadas a nivel nacional, tendentes a alargar los plazos de vencimiento de las financiaciones avaladas en un máximo tres años adicionales, aumentar los períodos de carencia en un año adicional (dos años máximos de carencia total) y prolongar hasta junio de 2021 la solicitud de nueva financiación avalada.

Estas medidas son necesarias para preservar la liquidez, y si el panorama comienza a normalizarse, también serán suficientes para garantizar la viabilidad en el medio y largo plazo de numerosas empresas, que podrán atender el repago de su deuda. No obstante, también habrá compañías en determinados sectores en los que su situación de desequilibrio patrimonial solo se verá parcialmente parcheado por estas medidas y, por tanto, se verán obligadas a acometer procesos de reestructuración financiera. En este grupo de prestatarios habrá que distinguir los que no son viables en un medio plazo, pues arrastran problemas incluso desde antes de la pandemia, de los que realmente sí son viables, dado que sus problemas están ligados a impactos coyunturales derivados de la covid-19. Serán estos últimos los que deberán afrontar procesos de reestructuración adicionales a las medidas públicas ya puestas marcha.

Debemos confiar en que empresas y entidades afronten estos potenciales procesos de reestructuración con una mayor voluntad de entendimiento que la puesta de manifiesto en anteriores crisis. El punto de partida actual de ambos puede ser más favorable, con una banca que tiene una importante cobertura en los avales públicos y un tejido empresarial con unos niveles de liquidez más elevados por la fuerte captación de financiación en los primeros meses de la pandemia.

Pablo Mañueco e Isabel Gaya son profesores de AFI Escuela de Finanzas.