Los empresarios piden que el Gobierno suspenda el pago de impuestos

Las patronales CEOE y Cepyme, después de conocer que el Gobierno ha decidido prorrogar el actual estado de alarma y tras subrayar el apoyo a las decisiones de las autoridades sanitarias, han instado al Ejecutivo a que, “de manera rápida y eficaz, proceda a suspender las obligaciones de pago de impuestos”. Las organizaciones, en línea con las demandas expresadas el 15 de marzo, piden que se suspenda el pago de tributos como el IVA, IRPF o las cotizaciones a la Seguridad Social en aquellos sectores y empresas más golpeadas por el descenso de la actividad.

A juicio de las organizaciones empresariales, no cabe ya solicitar aplazamientos por parte de las empresas, puesto que su tramitación sería en sí misma un nuevo obstáculo para muchas empresas que están ya al borde del cierre, y por eso exigen que lo haga la Administración de oficio.

Según las patronales, resulta evidente que "muchas empresas y sus trabajadores viven en estos momentos una situación angustiosa tras semanas con pocos o nulos ingresos, a la espera de una financiación que no está fluyendo a la velocidad deseada y, en cambio, soportando puntualmente el pago de los tributos y seguros correspondientes".

Para ello, ofrecen su colaboración para detectar en el marco del diálogo social cuáles son esos sectores y empresas más vulnerables, para aplicar con urgencia dicha suspensión fiscal que ya han adoptado, por otra parte, 22 países europeos y hasta 15 comunidades autónomas.

En este sentido y para “seguir agilizando el crédito”, piden también que se amplíen de inmediato a 50.000 millones de euros las líneas de avales aprobadas por el Gobierno, inicialmente valoradas en 20.000 millones, para destinar este nuevo tramo especialmente para pymes y autónomos.

Por último, “para seguir salvaguardando el empleo y lograr, en la medida de lo posible, que la caída de la actividad no se traduzca en mayores niveles de desempleo”, insisten en flexibilizar los procesos de regulación temporal de empleo (ERTE) y que se mantengan temporalmente después de finalizar el estado de alarma “teniendo en cuenta que la recuperación no será inmediata”. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya se mostró favorable a ser flexible en este asunto.

Las patronales confían en que este nuevo plazo sirva para acelerar la salida de la actual crisis sanitaria, pero subrayan que podría hacer más profunda la recesión económica por causa de la caída drástica de la oferta y demanda de bienes y servicios.

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