El supervisor de contratos públicos pide una estrategia para combatir la corrupción

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) dio a conocer ayer el informe relativo a la contratación pública en 2018, aprobado la semana pasada y que deberá remitir próximamente al Consejo Europeo tal y como establece la normativa. A lo largo de más de 400 páginas, el organismo surgido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 señala algunas carencias del sistema español, como el escaso uso de la contratación electrónica, y pide un plan nacional contra la corrupción.

“Se constata la inexistencia y la necesidad de una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que recoja las principales líneas de actuación”, señala el informe que se remitirá a Bruselas. Entre las labores a homogeneizar, cita “el asesoramiento, la formación, el procedimiento de investigación y, en su caso, las posibles sanciones”, y pide que ese plan incluya “un apartado específico relativo a la contratación pública”.

 La Oirescon surgió a raíz de la ley de 2017, motivada por trasposición de dos directivas europeas de 2014, y su misión es precisamente la de velar por las buenas prácticas y la transparencia en la contratación pública. Pero tal y como están las cosas, no parece una labor sencilla. A falta de medios y personal propio, en 2018 ha contado con datos facilitados por órganos autonómicos o municipales competentes.

Para ello solo ha podido contar con las oficinas antifraude de Cataluña y Comunidad Valenciana (la de Baleares no tenía personal hasta 2019), así como de los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Esos cuatro organismos dieron cuenta de 146 denuncias, de las que 96 siguen en trámite y solo dos han sido notificadas a Fiscalía, Tribunal de Cuentas u Órganos de Control Externo.

Al margen de la corrupción, el informe también constata el atraso que lleva la implantación de la contratación electrónica. Solo un 6,92% de los procedimientos se licitaron a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Aunque supone un salto respecto a 2017, cuando fue del 1,35%, en términos absolutos son 39.958 licitaciones frente a 537.181 que se realizaron por medios no electrónicos.

Entre los problemas que encuentran los licitadores, se destacan los relacionados con la entrega de documentación por vía telemática, con la firma digital o con las diferencias de procedimiento entre las plataformas de las distintas administraciones públicas. En ese sentido, la Oirescon ve “imprescindible la existencia de una base de datos única de contratación pública” que facilite su labor de control y aporte mayor transparencia.