Ribera advierte a Holaluz y otras seis energéticas por deudas pendientes

El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado procedimientos de inhabilitación y traspaso de clientes a un total de siete empresas comercializadoras de electricidad, entre ellas Holaluz, por no haber pagado a las distribuidoras que le suministran la energía eléctrica que ellas sí cobran a sus usuarios. En caso de que no satisfagan esas obligaciones, los clientes se traspasarán forzosamente a un comercializador de referencia, es decir, a cualquiera de las grandes compañías.

Además de la matriz de Holaluz, Clidom Energy, la lista de comercializadoras que fue publicada en pasado sábado en el BOE la completan Apeles Electricidad, Beta Renowable Group, Elegrand Energía, Inserimos Energía, Suministradora Eléctrica Vientos Aliseos de Lanzarote y Suministros Lyg Murcia.

La mayor parte de ellas se circunscriben a negocios de ámbito local, al contrario que Holaluz, que ha sido una de las marcas que ha irrumpido con una agresiva política para captar clientes. En el caso de la firma gijonesa Beta se encuentra en concurso de acreedores y en el de la gallega Inserimos, sus responsables fueron condenados el pasado febrero por manipular contadores de establecimientos comerciales en Ourense.

Clidom Energy arrastraba una discrepancia con una distribuidora, según fuentes de la misma, que aseguran que ya ha sido solventado y comunicado al ministerio. El plazo concedido para informar al ministerio es de 10 días hábiles a partir de su publicación. Es decir, acaba el 18 de julio. Aunque las fuentes citadas no han querido desvelar la deuda, otras del entorno han manifestado que la cifra rebasa los dos millones de euros, lo que para una compañía que factura al año 180 millones y cuenta con una cartera de más de 205.000 clientes no es una cantidad insalvable.

En el transfondo de esta advertencia aparece la Operación Ambar, en la que la Guardia Civil desmanteló una trama de 28 sociedades que habían defraudado 61,1 millones a Red Eléctrica y varias distribuidoras. El sistema consitía en no pagar y cuando eran inhabilitadas los clientes pasaban a otras comercializadora de nueva creación. Precisamente, eso es lo que se trata de evitar ahora con el traspaso a empresas de referencia.

Fuentes del sector han subrayado que, pese a que los plazos del procedimiento se han reducido de un año a seis meses, sigue siendo excesivo, dados los importes económicos que se acumulan. Hasta la fecha, las empresas del sistema consideradas de referencia han tenido que hacerse cargo de una deuda de unos 100 millones derivadas de las liquidaciones y de impagos en los peajes.

Ante este perjuicio, el sector ha solicitado “mayor celeridad en los procedimientos y la suspensión cautelar desde que se detectan los primeros incumplimientos, así como la exigencia de garantías que permitan cubrir los plazos hasta la inhabilitación y una solución a la financiación temporal por el resto de sujetos del sistema”.

Asimismo, las compañías reclaman la recuperación de las cantidades adeudadas vinculadas a los incumplimientos de las comercializadoras fraudulentas a cargo del sistema eléctrico. En ese sentido, tienen intención de acudir a la vía penal, ya que hasta el momento la única penalización a las comercializadoras fraudulentas es la retirada de la licencia. Según denuncian, “las comercializadoras vuelven a solicitar otras licencias con denominaciones diferentes, lo que les permite continuar con el fraude durante meses e incluso años”.