Ajuste fiscal

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En 1936 John Maynard Keynes, en su Teoría general, acabó con el paradigma del déficit cero. En las fases expansivas del ciclo los ingresos públicos crecen, y mantener el equilibrio presupuestario fuerza a los Gobiernos a aumentar el gasto público, acelerando la dinámica inflacionista y el desequilibrio externo que acaban causando la recesión.

En las recesiones los ingresos caen y, si los Gobiernos recortan los gastos para tener déficit cero, provocan más desempleo. Los socialdemócratas suecos ya habían incluido en su Constitución en 1933 que el déficit debería ser cero en todo el ciclo económico y no cada año.

El nuevo paradigma keynesiano recomendaba no recortar gastos en medio de las recesiones. Pero para conseguirlo los países deberían ahorrar en los años de bonanza y reducir la deuda pública para poder financiar los déficits a tipos de interés bajos.

Si hay déficit y deuda pública elevada cuando llega la recesión y los inversores temen el impago, hay fuga de capitales, aumentan las primas de riesgo y la restricción de crédito, y sube más la tasa de paro. Por lo tanto, aumentar el déficit público en una recesión puede provocar aumento del desempleo y ser procíclico, justo lo que Keynes pretendía evitar.

En 2013 España había reducido su déficit público estructural, eliminando el efecto cíclico, hasta el 1% del PIB. Desde entonces, gracias a la política monetaria ultraexpansiva del BCE, el PIB y el empleo han crecido próximos al 3% desde entonces, muy por encima de su nivel potencial. En esos años de bonanza, lejos de aprovechar para reducir el déficit y la deuda, el Gobierno anterior aumentó el déficit estructural hasta el 2,7% del PIB en 2017.

Al cumplir el Pacto de Estabilidad y reducir el déficit nominal por debajo del 3%, España debe reducir su déficit público estructural unos 15.000 millones para cumplir el mecanismo preventivo. El mecanismo contempla que el país pueda pedir relajar el ajuste el primer año a tan solo unos 2.000 millones, pero se compromete a recortar unos 8.000 millones el segundo año. Esto es lo que ha hecho Italia en 2018.

La Comisión Europea, en sus recientes previsiones de primavera, dice que el déficit estructural este año aumentaría hasta el 2,9%, 5.000 millones más de lo permitido. O sea, la subida de impuestos comprometida en el Programa de Estabilidad debería aprobarse este año. Y para cumplir el próximo año habría que hacer recortes de gasto o subidas de impuestos por unos 8.000 millones. El déficit se concentra en el sistema público de pensiones y todos los partidos en el Pacto de Toledo han prometido mejorar estas prestaciones. Por tanto, el ajuste vendría por subida de impuestos y solo es posible con el IVA o el IRPF.

Rajoy debería haber aprovechado los años de bonanza para erradicar el déficit estructural, pero lo aumentó. Sánchez ahora con 123 escaños tiene que hacer este ajuste fiscal obligado por el mecanismo. Desde 2015 hay fragmentación en el Congreso y los Presupuestos han salido de la Cámara con más déficit estructural que entraban para conseguir los apoyos. Veremos.