La excúpula de Caixanova irá de nuevo a juicio por un ‘pelotazo’ inmobiliario de 43 millones

La antigua cúpula de Caixanova volverá a sentarse en el banquillo. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha terminado la instrucción de un presunto pelotazo inmobiliario que supuso un perjuicio para la caja de 43 millones de euros y propone juzgar al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso, a cuatro exdirectivos de la entidad y a dos empresarios. La operación presuntamente irregular, para construir una urbanización y un puerto deportivo, se realizó en Cangas de Morrazo (Pontevedra).

Los directivos de las cajas gallegas fueron los primeros banqueros que entraron en prisión en España por la crisis financiera. La Audiencia Nacional les condenó en 2015 a dos años por administración desleal y apropiación indebida y el Supremo confirmó la sentencia. Cobraron 18,9 millones en indemnizaciones y les condenaron a devolver 10. La operación de Pontevedra no será la única que les vuelva a llevar al banquillo: están pendientes de juicio también por cuatro operaciones financieras (préstamos presuntamente irregulares) para reflotar a la conservera Bernardo Alfageme y por otra operación inmobiliaria en Rivas Vaciamadrid que supuso un perjuicio patrimonial a la entidad de 41,85 millones de euros.

De la Mata entiende que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social y otro de apropiación indebida, según el auto de pase a procedimiento abreviado (que pone fin a la instrucción). Delitos que habrían cometido Fernández Gayoso, los exdirectores generales Gregorio Gorriarán Laza, Óscar Rodríguez Estrada y Ángel Corona, el entonces jefe de Empresas Participadas Juan Manuel Gutiérrez Ois y a los administradores de la inmobiliaria Atlántico Construcciones y promociones SL Ubaldino Rodríguez Bello y su mujer Natividad Blanco González Pereda.

La operación que ha investigado De la Mata fue una inversión inmobiliaria en Cangas de Morrazo a medias entre Atlántico Construcciones y Caixanova, que iba a aportar la financiación. El proyecto se desarrollaría a través de dos sociedades (CRMA y RMA) participadas al 50 por ciento por los dos socios. Consistía en una urbanización de carácter residencial, comercial y hotelero y la construcción y explotación de un puerto deportivo. El proyecto tenía una inversión máxima de 151 millones de euros.

El juez considera que los investigados diseñaron la operación "específica y deliberadamente" para que el coste financiero fuera asumido por Caixanova de forma que Atlántico de Construcciones se limitaba a inyectar en el proyecto las cantidades que recibía de la caja, “de modo que todo el riesgo de la operación (altísimo ante la situación urbanística de los terrenos, que imposibilitaba el desarrollo pretendido) y las consiguientes pérdidas, que superaron los 43 millones de euros, corriera a cargo de Caixanova”, asegura en el auto.

Los directivos de Caixanova consiguieron, según asegura el magistrado, que los órganos corporativos de la entidad adoptaran los acuerdos necesarios para dotar al proyecto en cada momento de las fuentes de financiación necesarias, “ocultando la inexistencia de suficiente análisis técnico que soportara la asunción del riesgo en la fase inicial y sin proveer la información suficiente en relación con los sucesivos acuerdos que se fueron adoptando, en particular en cuanto a la situación urbanística de los terrenos y a la viabilidad legal y técnica del proyecto”.

Los directivos consiguieron así que la caja se aliara con un socio que no tenía capacidad económica y financiera para materializar la compra de los terrenos ni para asumir de modo independiente la parte del proyecto que le correspondía, y que pagara por los terrenos una “cantidad elevadísima y no justificada en absoluto (para ocular ahí las enormes plusvalías de Rodríguez Bello y Rodríguez Pereda”, continúa el magistrado. Además, se omitió la realización de una auditoría legal y se evitó la “más elemental diligencia para comprobar primero y, para asegurar después, la viabilidad del proyecto y sustrayendo a los órganos corporativos de Caixanova (Comisión Delegada y Consejo de Administración) la información apropiada para que pudiera tomar decisiones informadas”, añade.

En su auto el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de la causa para 11 personas, entre ellas el exdirector general José Luis Pego, y concede un plazo de diez días a Fiscalía, Abogacía del Estado y Abanca (entidad heredera de Caixanova) como partes acusadoras para soliciten la apertura de juicio oral presentando escrito de acusación o solicitando el sobreseimiento.

Pasados 14 años de la operación, el proyecto urbanístico nunca se inició y ni siquiera se cambió la calificación urbanística del terreno, que estaba calificado como suelo urbano no consolidado de uso predominantemente industrial. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que iba a permitir sacar adelante el proyecto jamás fue aprobado, destaca el magistrado, por lo que siempre fue inviable.