Los convenios de las multiservicios chocan con el Supremo

Hace ya tiempo que CC OO y UGT pusieron en marcha una campaña para anular convenios de empresas multiservicios que rebajan sensiblemente las condiciones laborales firmadas en los sectoriales. Lograron que la Audiencia Nacional tumbara 46. 11 sentencias fueron recurridas al Tribunal Supremo, que ya se ha pronunciado sobre cuatro de ellas. CC OO difundió ayer tres y valoró “positivamente” esta decisión. En todos los casos el alto tribunal ha confirmado los fallos de la Audiencia.

Las anulaciones se basan en el incumplimiento del principio de correspondencia. Este principio legal obliga a que los representantes de los trabajadores de una empresa que negocian un convenio representen a toda la plantilla y no solo a uno o varios centros de trabajo. Esta obligación no se cumplió en Mantrol porque, como ratifica la sentencia, se “negoció por cinco miembros del comité de empresa de Madrid, a pesar de que el convenio es de aplicación a todos los trabajadores de la empresa” independientemente de si trabajaban en Madrid o en otros sitios (Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña o Baleares). El mismo argumento se da con las otras dos empresas y sostiene la línea aplicada por el Supremo y la Audiencia en casos similares. Fuentes oficiales de Stock Uno, una de ellas, apuntan que ese argumento es “formal y no entra en el contenido del convenio”.

El negocio principal de las empresas multiservicios se basa en el suministro de mano de obra a través de la subcontratación a otras empresas o a la administración. Sus áreas de actividad son diversas: el convenio anulado de Merchanservis estaba suscrito para empleos de sectores como “servicios de hostelería en general”, “estudios de mercado, publicidad y buzoneo”, “ayuda a domicilio” o “gestión de mercancía”.

Con la reforma laboral, el negocio de estas compañías ha crecido exponencialmente. En 2012 se dio prioridad en la aplicación de los convenios empresas frente a los sectoriales. Al calor de esta modificación, muchas de estas empresas han firmado pactos que rompían ese principio de correspondencia con unas condiciones laborales que rebajan mucho el precio de la mano de obra respecto a los convenios sectoriales que tienen las empresas que les subcontratan, como ha sido el caso del sector hotelero.

Para corregir parcialmente esto, el PSOE presentó en diciembre una proposición de ley que cambia la ley de subcontratación. Esta propuesta, que ahora está en trámite parlamentario, pretende que las empresas subcontratadas tengan que aplicar a sus trabajadores el convenio de la firma matriz o, en su defecto, el sectorial.