Perversa desigualdad

La evidencia deja poco lugar a dudas: la desigualdad en la distribución de la renta en las economías avanzadas esta en máximos. De sus perversas consecuencias ya no queda institución multilateral que no la destaque como uno de los obstáculos, no solo a la necesaria cohesión social, sino al mantenimiento de un ritmo aceptable de crecimiento económico y de la estabilidad financiera.

En las dos últimas décadas la distribución entre economías avanzadas y menos desarrolladas se ha estrechado, pero la correspondiente en el seno de los países se ha ampliado. Dentro de los desarrollados, la distribución desigual de la renta ha tenido lugar en muchos países, España incluida. Esa evidencia es la aportada por la evolución del índice que de forma más amplia es utilizado en esa medición, el coeficiente de Gini.

La OCDE acaba de publicar su Income inequality update en el que destaca que la desigualdad en la distribución de la renta “se mantiene en niveles récord en muchos países a pesar del descenso en el desempleo y la mejora en las tasas de empleo.” En los años ochenta, el 15% de la población más rica en los países que integran la OCDE obtenían unos ingresos siete veces superiores a los del 10% de la población más pobre. Ahora es diez veces más. Esas diferencias son más llamativas cuando se referencian a la cúspide de los perceptores de rentas: en los ochenta el 1% con mayores rentas de los asalariados tenía menos del 10% del ingreso total antes de impuestos en cada uno de los países de la OCDE, pero treinta años después, su participación era superior al 10% en al menos nueve países de la OCDE y superior al 20% en los Estados Unidos, según datos de esa misma organización en el amplio estudio de Brian Keeley.

Cuando se incluye la pobreza y otras formas de variación de la riqueza, la situación es incluso peor: en 2012, el 10% más rico controlaba la mitad de la riqueza total de las familias y el 1% más rico lo hacía sobre el 18%, frente al 3% para el 40% más pobre. En ambos indicadores, distribución de la renta y de la riqueza, la posición de España no deja mucho lugar a la complacencia. Pero también en los complementarios indicadores de pobreza la posición es poco favorable.

Si la evidencia sobre la ampliación de la desigualdad en la distribución de la renta es incuestionable, otro tanto empieza a ocurrir con sus consecuencias adversas. Desde luego, sobre el crecimiento económico. La propia OCDE y el FMI han dado cuenta concreta de ese impacto adverso en investigaciones recientes.

No menos relevantes son las implicaciones de esa distribución regresiva de la renta y de la riqueza sobre la cohesión social y la identificación con el sistema económico. Parte de la desafección que esta teniendo lugar en algunas economias avanzadas, desde luego en Europa, ha de ser explicada por los desiguales resultados que el sistema aporta. En especial tras la gestión de la crisis de la que todavía son evidentes las consecuencias en la población con menores rentas. En realidad, la recuperación de algunas economías, entre ellas la española, con una muy baja calidad del empleo, no está precisamente favoreciendo el estrechamiento de la desigualdad. Esa tendencia debe constituir una prioridad, y hacerlo a través de la política fiscal la vía más inmediata, sin menoscabo de la atención a la garantía de la igualdad de oportunidades, a la predistribución, de efectos más visibles a medio plazo.