Las ayudas directas de la PAC dividen a las Comunidades Autónomas

El actual sistema de distribución de los pagos directos de la Política Agrícola Común, más de 5.000 millones de euros en el caso de España, constituye un motivo de división entre las Comunidades Autónomas. Los consejeros de Agricultura de Aragón, Joaquín Olona y de Castilla la Mancha, Francisco Martínez, han puesto en marcha una iniciativa a la que se esperas se sumen otros gobiernos regionales con el objetivo de proceder a un cambio de sistema para lograr una nueva redistribución de los fondos de cara a la nueva reforma de la PAC a partir de 2020.

 No tiene sentido un sistema basado en los derechos históricos sin considerar la actividad real en el sector, además con unos procesos de convergencia de pagos que han dado lugar a nuevos ajustes a la baja,” señala el consejero castellano manchego. Ambas consejerías consideran indispensable corregir una distribución que prima a unas determinadas agriculturas o cabañas ganaderas, mientras se perjudica y margina a otras, claves para la producción y para el territorio.

Distribución de fondos

En 2013, con motivo de las negociaciones para la aplicación de la reforma de la PAC, Agricultura y Comunidades Autónomas acordaron la puesta en marcha de un sistema para la distribución de los fondos que garantizaba una estabilidad en los pagos con el objetivo de no poner en peligro la viabilidad de las explotaciones pero, sobre todo, ante las posiciones intransigentes de los representantes regionales de no perder un euro sobre los pagos anteriores.

Sin embargo, esa decisión supuso dejar fuera a otros sectores productivos tanto o más necesitados de ayudas para seguir en la actividad. La asignación de los pagos en base a los derechos históricos llega a suponer que superficies destinadas en su día a un cultivo puedan recibir hoy la misma ayuda dedicada a otra producción.

De los más de 5.000 millones de euros que se pagan anualmente como ayudas directas, con ligeras oscilaciones en cada campaña, unos 1.600 millones corresponden a Andalucía, donde destacan los pagos elevados para tierras de algodón u olivar de regadío, seguida a gran distancia de Castilla y León con unos 900 millones,750 millones de Castilla La Mancha, 530 a Extremadura, 450 de Aragón, 325 de Asturias o 310 a Cataluña, lo que conlleva también grandes diferencias en el pago medio por hectárea en cada territorio.