La Generalitat proyecta un banco supervisado por el Banco de España

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La Generalitat Valenciana quiere un banco público que dinamice el desarrollo de sus empresas. Sería una entidad financiera fuera del perímetro SEC de la Administración para poder endeudarse y que dispusiese de un activo de 600 millones de euros. Además estaría gobernada por consejeros independientes y el Banco de España se encargaría de supervisar sus operaciones. Esa es la idea. "No es ninguna novedad; la banca pública funciona en el resto de España y Europa. Como valencianos, no podemos renunciar a esta palanca de desarrollo de nuestra economía", sostiene el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca. El directivo baraja varias fórmulas para que este banco regional no reproduzca los "antiguos vicios" que detectó cuando hace un año tomó las riendas del IVF, el brazo financiero de la Generalitat. Se encontró con un agujero cercano a los 60 millones de euros de la etapa de gobierno del PP en operaciones poco claras.

El calendario de creación está diseñado pero algunas decisiones todavía tienen que perfilarse. El Banc de la Generalitat –así quieren llamar a la nueva entidad financiera- y el IVF se separarían a finales de 2017. Hasta la fecha el Instituto está considerado a efectos estadísticos parte de la Administración autonómica y como la Generalitat tiene limitada su capacidad de endeudamiento, el IVF no puede salir a los mercados para obtener crédito y financiar a las empresas. Además de banco, el instituto gestiona la deuda autonómica, los avales y tutela otras entidades atípicas como las cooperativas de crédito valencianas.

Segregar las funciones de banco

Las funciones de banco tienen que segregarse del resto para que el proyecto coja fuerza. En otras comunidades autónomas, el servicio de la deuda está gestionado por una dirección general ordinaria pero en la Comunidad Valenciana se ha encargado hasta ahora el IVF. "Funcionó bien", apostilla Illueca, "pero hoy la Generalitat no puede emitir deuda, carece de sector financiero que supervisar -las dos grandes cajas de ahorros autóctonas fueron absorbidas por otras entidades-, y aquella estructura y razón de ser del IVF está en cuestión. Vamos a segregar la actividad pública de la privada".

El proyecto de banco autonómico llega tras un duro año de auditoría interna del instituto. Los nuevos gestores, una coalición de socialistas y Compromís que gobiernan desde mayo de 2015, se encontraron al llegar al IVF después de 20 años de Administración del PP, con cuantiosos problemas. La tasa de morosidad rondaba el 65% en los préstamos al sector privado y, aunque las operaciones estaban provisionadas en un 50%, se tropezaron con otros préstamos no tan claros. Por ejemplo, los 40 millones de euros concedidos a la Institución Ferial Alicantina (IFA). "El interventor de la Generalitat nos dijo claramente que hacía tres años que no se devolvían las cuotas, el FLA no podía hacerse cargo de esa deuda, y nada indicaba que IFA generase suficiente cash flow para poder pagar", resume el director del IVF. Fueron a pérdidas.

La losa del fútbol

Illueca explica que la morosidad del instituto de finanzas valenciano no se debió, a diferencia de lo que ocurrió en otras entidades, a la promoción inmobiliaria pero, tras el pinchazo de la burbuja, las empresas valencianas se resintieron y las operaciones con el IVF también. Pero no todo fue la crisis. "Aquí hay préstamos que se han concedido en contra del criterio de los técnicos (...). El tema del fútbol es muy llamativo porque se concedieron préstamos a fundaciones que no podían devolverlos. Están pendientes los 18 millones de euros concedidos al Hércules y otros 14 millones al Elche. Porque el Levante UD está pagando sus cuotas", afirma el directivo.

Reformularon las cuentas de 2014 y el agujero detectado ascendía a 60 millones de euros. Los planes ahora, después de sanear el balance, son recapitalizar el instituto con 200 millones de euros y mantener una tasa de solvencia del 20%.

"Lo primero que tenemos que hacer es aprender de lo ocurrido con la banca pública. Es verdad que funcionó mal durante muchos años: los mecanismos de gobierno corporativo han estado muy lejos de respetar la autonomía de gestión que tiene que tener una entidad así, pero necesitamos bancos públicos regionales que nos ayuden a colocar dinero en proyectos de inversión rentables, con una organización y un análisis del riesgo profesionales", defiende Illueca.

La Generalitat necesita una supervisión externa, por eso quiere que la Intervención General de la Administración autonómica delegue en el Banco de España sus labores de supervisión. Y en ello están.