El Tribunal de Cuentas pide a las mutuas anular sus conciertos privados

Ni cumplen “los requisitos fijados por la ley para concertar con entidades privadas” la asistencia sanitaria de los trabajadores, ni “anteponen la utilización de recursos sanitarios públicos a los privados”. El informe que publicó este viernes el Tribunal de Cuentas sobre qué hacen las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cuando no tienen suficientes centros propios para atender a los trabajadores no puede ser más contundente. Hasta el punto de que el ente fiscalizador reclama a las mutuas “rescindir los actuales conciertos de asistencia sanitaria”, vistas las irregularidades que detecta en ellos.

La recomendación del Tribunal de Cuentas a las mutuas pasa por “formalizar otros nuevos conciertos”, en los que se garantice una adjudicación transparente, y sobre todo, en los que se fomente “la suscripción de convenios de colaboración con las Administraciones públicas sanitarias”.

Las múltiples irregularidades detectadas en los contratos de las mutuas fiscalizadas —Fremap, Asepeyo, Ibermutuamur, Umivale y la Mutua de Accidentes de Canarias—, llevan al Tribunal de Cuentas a dudar de que “los pagos realizados” por las mutuas a las entidades privadas con las que concierta “correspondan realmente a los servicios prestados”.

Reproche al Gobierno

En muchos casos, los conciertos no se otorgaron tras una licitación y se prorrogaron durante varios años de forma tácita. En otros, la adjudicataria “estaba en concurso de acreedores”, o “no disponía de recursos humanos o materiales suficientes”.

Las mutuas reciben todos los años de la Seguridad Social unos 10.000 millones procedentes de las cotizaciones para la cobertura sanitaria de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Por ello, la Seguridad Social debería supervisar el uso de esos recursos. Pero el Tribunal de Cuentas concluye que no es así: en la mayoría de los casos, la Seguridad Social se limitó a recoger la información estadística que le suministran las mutuas, “que ni comprobaba ni analizaba”. “De los 25 expedientes de asistencia sanitaria concertada que debían ser autorizados, solo había resuelto tres, con un tiempo medio de resolución de 476 días”, añade.