La competencia de Uber, BlaBlaCar o el vino de jerez

Los taxistas se han revuelto contra Uber, la empresa que proporciona a sus clientes una red de transporte a través de una aplicación de móvil, similar al servicio público. Los tribunales han paralizado su penetración en España, que se auguraba tan intensa como la que han tenido otras empresas de la llamada “economía colaborativa”, como BlaBlaCar o Airbnb.

Las patronales del sector las acusan de fraude, competencia desleal, deterioro de las ciudades y empobrecimiento de la economía. El choque de intereses es evidente. ¿Por qué Airbnb no tiene que garantizar que las habitaciones que promociona cumplan con las normas a las que sí están sujetos los hoteles? ¿o los conductores de Uber las mismas de los taxistas? José Antonio de la Calle se pone en la piel del consumidor: “Desde esa perspectiva son un sueño, reducen costes de intermediación, dan al usuario lo que quiere y en teoría todos ganan. Pues no. Porque hay otros operadores que tienen costes adicionales por operar en mercados tradicionales. Aquí la clave está en averiguar hasta qué punto los costes administractivos tienen una justificación”. Por ejemplo, si el hecho de sacar una licencia municipal para ejercer protege mejor a los usuarios. Son los llamados costes de acceso a un mercado. ¿Son justificables? “Si la respuesta es que esos requisitos están ahí para elevar las barreras a la entrada, no le podremos poner puertas al campo”, cree el socio de KPMG Carlos Pascual. Augura que los nuevos operadores han llegado para quedarse. “Es necesario encontrar acomodo con la regulación, lo más conveniente sería analizar la adecuación de la regulación a las nuevas circunstancias de la realidad de los mercados. Además, tienes que ser sensible a sectores afectados, no puedes obviarlo, pero no creo que la vía sea la prohibición”.

La economía colaborativa hereda la polémica de otros sectores, como el agrícola, donde han surgido problemas similares. En 1996 el Tribunal de Competencia sancionó a los productores de sidra asturiana por fijar el precio de la botella -de todas las botellas del Principado- en “250 pesetas”, anulando los incentivos de los sidreros que producían una bebida mejor y querían cobrar más por ello. Años después caía otro acuerdo, el de los productores de vinos de Jerez, que habían pactado, con la bendición de la Junta Andaluza, los precios de la uva.