El Vaticano acuerda con Italia levantar el secreto bancario

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, anunció hace un mes su intención de “borrar” el secreto bancario entre Italia y Vaticano para “recuperar un poco de dinero”. Y esta vez un anuncio —que parecía uno de los tantos a los que acostumbra el mediático líder italiano— no se ha quedado en papel mojado: desde este miércoles ya no hay secretos financieros entre los dos estados. Firmaron un esperado acuerdo de cooperación tributaria que permite gravar las ganancias financieras de las entidades que hayan depositado fondos en el banco del Vaticano a partir de 2014 y obliga al pequeño estado a transmitir los datos de quien posee cuentas en el banco de la Santa Sede IOR que fueran creadas desde el 1 de enero de 2009.

El pacto —similar a los que Roma ha firmado también recientemente con Suiza, Mónaco y Liechtenstein— fue suscrito por Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Sede Apostólica, y Pier Carlo Padoan, ministro de Economía italiano. “Los criterios que inspiraron el acuerdo son la transparencia y una colaboración sana con el Estado italiano”, declaró el portavoz adjunto del Vaticano, Ciro Benedettini.

Italia es el primer país con el que el Vaticano suscribe un convenio que disciplina el intercambio de informaciones, y cuyo resultado busca acabar con las premisas administrativas que convertían al territorio pontificio en un paraíso fiscal. “Dada la importancia de las relaciones bilaterales, Italia es el primer país con el que la Santa Sede firma un acuerdo que regula el intercambio de información”, subrayó una nota del Estado pontificio. Sin embargo, esta prioridad no solo es fruto de la cercanía y de la larga historia que vincula los dos países, uno injertado dentro del otro. Se debe también a las insistencias de Roma, que tiene problemas con quienes evaden los impuestos y necesita que deje de ser tan fácil para sus ciudadanos borrarse de Hacienda.

Los estudios sobre el tema revelan que cada año entre 100.000 y 120.000 millones de euros que deberían ser pagados en Italia como impuestos, faltan a su cita con el erario. Es decir, que uno de cada cuatro euros no llega a su destino legal. La evasión fiscal representa el 8% del PIB, mientras que los estudios sitúan la media europea en la mitad. Cada Gobierno, al sentarse en el Palacio Chigi, intenta desplegar su artillería pesada para capear la hemorragia.

El Vaticano, por su parte, necesitaba mostrar que finalmente que se hace eco —según resalta el comunicado de la Santa Sede— de las normas internacionales más actualizadas en materia de intercambio de información (artículo 26 del Modelo de la OCDE) para regular la cooperación entre las autoridades de las dos partes. Las autoridades eclesiásticas empezaron en 2010 a mover pasos para conformarse con los requisitos de vigilancia y transparencia bancarias y llevaron a cabo reformas y nombramientos para llevar algo de luz en el IOR, que hasta entonces era un agujero negro.