Ruz abre juicio a los dueños de Damm y les da 10 días para pagar la fianza

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado la apertura de juicio oral contra el presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, y su padre y les ha dado diez días para abonar 236,4 y 476,4 millones como fianza civil por varios delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

En un auto, contra el que no cabe recurso, el magistrado ha sentado en el banquillo además al "hombre de confianza" de este último, José Luis Serrano Flórez, y al abogado del despacho Pretus Gabriel Ignacio Pretus Labayen, a los que ha fijado una cuantía de 224,3 y 365,4 millones de euros.

Para el presidente de Damm, la Fiscalía ya solicitó una pena de 14 de años de prisión, que elevaba a 48 y medio para su padre, Demetrio Carceller Coll, mientras que para Serrano reclamó 19 y para Pretus 42. Según el juez, a lo largo de la causa ha quedado indiciarianente acreditado que los imputados crearon una trama defraudatoria a la Hacienda Pública en relación al impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF), de patrimonio y de sucesiones.

Al menos desde el año 90, sostiene, Carceller Coll ocultó su domicilio real, que estaba en España, con el objeto de esconder sus rentas y patrimonio a Hacienda mediante estructuras fiduciarias radicadas la mayor parte de ellas en paraísos fiscales, "reinvirtiendo en las diversas sociedades controladas por él las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se han ido defraudando".

Durante los ocho años investigados, de 2001 a 2009, la cuota diferencial, según los informes de Hacienda, supera los 66 millones de euros, por lo que el juez señala que debe perseguirse el delito contra la Hacienda Pública.

Ruz cerró esta investigación el pasado verano una vez que el Supremo anuló, el 8 de julio, el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que había archivado la causa para el presidente de Damm, estimando así los recursos que la Fiscalía y la Abogacía del Estado habían interpuesto contra esta decisión.

La sentencia del Supremo daba la razón a Ruz, que dirigió el procedimiento contra Carceller Arce antes del archivo de la causa por la sala, argumentando que éste había participado activamente en la gestión del patrimonio de su padre, "especialmente en las inversiones en Arizona, articulando junto con los otros imputados, las estructuras societarias para ocultar" las rentas generadas.

El Alto Tribunal también apuntaba a que el presidente de Damm "intervino en la creación de la estructura para canalizar y ocultar las inversiones de su padre en centros comerciales de Arizona mediante la creación de sociedades en las Antillas Holandesas".