El juez pide un informe pericial para comprobar si Telefónica amañó un concurso

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha encargado un informe pericial para determinar si Telefónica y otras dos empresas pudieron manipular los sistemas informáticos para amañar el concurso Movistar Emoción Millón de 2009 con el que supuestamente defraudaron 46 millones de euros.

Fuentes jurídicas han informado hoy a Efe de la decisión del magistrado, que previsiblemente levantará mañana el secreto de las actuaciones sobre esta causa, que le ordenó investigar el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero.

La Fiscalía de Santiago de Compostela abrió diligencias contra Telefónica Móviles, Zed Iberia Worldine S.A y Alvento Soluciones S.A., por la presunta comisión de delitos continuados de estafa y de falsedad, por la posible manipulación de Movistar Emoción Millón de 2009.

Dicho concurso consistía en enviar puntos y participaciones mediante el envío de SMS al número 1010.

Con ello, según el Ministerio Público, se había "quebrantado sistemáticamente las bases del concurso (envío masivo de SMS mediante herramientas informáticas, asignación incorrecta de puntuación, han resultado premiadas personas unidas por vínculo de parentesco o por residir en el mismo domicilio, no constan las cartas o justificantes de pago de los premios etc.)".

Precisaba además que este concurso defraudó "en todo el territorio nacional a un número indeterminado de personas", ocasionando un perjuicio que se cifra en 46 millones de euros.

Un Juzgado de Ribeira (A Coruña) se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, si bien Pedraz la rechazó por estimar que la denuncia que originó las diligencias se basaban en el perjuicio patrimonial de un particular, "sin que sea posible conocer en el momento actual si existen otros y distintos perjudicados" ni el importe de la defraudación patrimonial.

Sin embargo, el Supremo concluyó que el concurso se dirigió a "una masa indeterminada de personas y que el beneficio ilícito obtenido por las empresas denunciadas sobrepasa los 46 millones de euros", por lo que concurren los requisitos de generalidad de personas y grave repercusión en el tráfico mercantil, competencia de la Audiencia Nacional.