ICV rechaza en el Congreso el acuerdo comercial entre EEUU y UE

La diputada de ICV en el Congreso de los Diputados, Laia Ortiz, ha registrado una proposición no de ley de rechazo al acuerdo comercial entre la UE y EEUU al considerar que puede afectar a derechos fundamentales y a garantías sociales.

ICV informa hoy en un comunicado de que Ortiz ha criticado la "falta de transparencia y de respeto a las instituciones democráticas" con las que se están llevando las negociaciones del citado acuerdo comercial, denominado "Asociación transatlántica por el comercio y la inversión" (TTIP, en sus siglas en inglés).

"Va mucho más allá del comercio y puede tener un impacto amplio e irreversible en muchos aspectos de la vida cotidiana", ha alertado la diputada ecosocialista, especialmente en la salud, la alimentación, los derechos laborales, las políticas de privacidad y el medio ambiente.

Ha añadido que, incluso, "podría cambiar profundamente la manera en que hacemos servir las instituciones democráticas para establecer regulaciones en todos estos campos, asaltando, por tanto, derechos de la ciudadanía".

La falta de transparencia en las negociaciones de este acuerdo comercial no es el único menosprecio a las instituciones democráticas, según la diputada de ICV, que denuncia que uno de los puntos "más preocupantes" del mismo es la inclusión de un mecanismo que dará a las grandes empresas y a los inversores el privilegio de eludir los tribunales nacionales e internacionales de arbitraje.

"Es inconcebible e injustificable", ha considerado Ortiz, que reclama que se debata esta cuestión en el Congreso de los Diputados con un pleno monográfico.

La TTIP podría evitar leyes sobre pesticidas y regulaciones regionales sobre la fractura hidráulica y también derechos sindicales y laborales, ya que Estados Unidos no ha ratificado seis de las ocho normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

"Facilitaría -redunda- la privatización de los servicios de agua, o limitaría fuertemente las opciones para la adjudicación de las licitaciones públicas en función de criterios ecológicos o sociales, pondría en riesgo el desarrollo de políticas favorables a las pymes y supondría un retroceso en la industria del cine ya que no se incluye la excepción cultural", ha indicado Ortiz.