La subida de la parte regulada de la luz desincentiva el ahorro de energía

En una resolución publicada por sorpresa en el Boletín Oficial del Estado este fin de semana y que no fue anticipada el viernes tras el Consejo de Ministros, el Gobierno elevó en un 18% la parte fija del recibo regulado de la luz, reduciendo en un 7% el peso del término variable. La decisión, según sostienen algunos analistas consultados, desincentiva el ahorro de energía al subir los términos fijos de la factura y penaliza a aquellos propietarios con una potencia contratada elevada, a cambio de obtener una mayor predictibilidad de los ingresos para el sector.

El decreto introduce medidas que neutralizan cualquier esfuerzo del consumidor por reducir el gasto en luz

"Han vuelto a tirar de incrementar término de potencia y reducir el término de consumo para asegurarse unos ingresos fijos. Eso desincentiva el ahorro de electricidad y presiona al consumidor, sobre todo a las segundas viviendas, aunque a la primera vivienda también la penaliza, puesto que hay muchos consumidores que aun tienen una potencia contratada elevada", ha comentado a Reuters un analista que pidió el anonimato.

El recibo de la luz se compone de dos variables, el término de potencia, que supone alrededor del 54% del recibo y que remunera la potencia contratada, es decir, el consumo máximo puntual que puede tener un hogar sin que salten los plomos; y el término de energía, que se fija mediante subasta en un procedimiento que está en revisión.

En un momento en el que un menor consumo de electricidad es uno de los retos en Europa y en el que las políticas energéticas de los países del entorno buscan incentivar el ahorro de electricidad, el decreto del Gobierno introduce medidas a contracorriente que neutralizan cualquier esfuerzo del consumidor por reducir el gasto en luz ya que la mayor parte de lo que paga es una cuantía fija que no varía independientemente de lo que gaste.

A cambio, después de los continuos desfases a la hora de predecir los costes e ingresos regulados del sistema que han provocado un déficit de tarifa de 30.000 millones de euros, el Gobierno logra una mayor predictibilidad de ingresos al depender menos del consumo de los hogares.

En una nota de prensa en la que valora los cambios introducidos por el Gobierno en la antigua tarifa de último recurso y ahora llamada "precios voluntarios para el pequeño consumidor", la asociación FACUA-Consumidores en Acción señala que la factura eléctrica para un usuario medio se ha encarecido un 35% en los últimos cinco años y un 75,4% en la última década.