La decisión del Gobierno de investigar el "tarifazo" es un acierto, según PP

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha asegurado hoy que la decisión del Gobierno de pedir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que abriera una investigación sobre el "tarifazo" del pasado jueves ha sido "un acierto pleno y una medida plenamente ajustada a derecho".

En una nota remitida hoy, Hernando asegura que "la subida que se había producido en la subasta no sólo era estratosférica, sino que además no había nada que la justificara".

Aunque considera que "las acusaciones de la patronal de las eléctricas contra el Gobierno son lógicas, ya que ellos buscan el máximo beneficio para sus empresas", cree que "el Ejecutivo tiene la obligación de defender el interés general y de los ciudadanos, y no plegarse a esas pretensiones como sí hacía el anterior Gobierno".

Para Hernando, el sistema eléctrico español ha venido degenerando en los últimos años hasta convertirse "en un monstruoso disparate" organizado por decisiones del Gobierno anterior, gracias a las cuales los productores de distintas tecnologías "siempre ganaban y los consumidores y la industria española siempre perdían".

Y, además, se ocultaba el precio real del recibo a través de lo que se llamaba el déficit tarifario, explica Hernando que recuerda que "esta situación causó que, durante los siete años del gobierno socialista, el precio de la luz se disparara casi un 70 %".

Hernando ha asegurado que "la ley del sector eléctrico va a servir precisamente para poner freno a los disparates perpetrados en el sector regulado de la tarifa" y ha afirmado que "ahora el Ministerio debe de trabajar para reformar el sistema de la parte no regulada para hacerlo más limpio, fiable y transparente"

La Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) exigió ayer que se clarifique "urgentemente" y con la mayor "transparencia y rapidez" el resultado del informe sobre el análisis de la subasta.

En un comunicado, la patronal eléctrica Unesa pedía al ministro Soria que publique la lista de los participantes en la subasta y explique las condiciones en las que se realizó.

A su juicio, se están creando "graves perjuicios de reputación y económicos" a unas empresas que realizan una actividad "vital" para el país y que emplean alrededor de 180.000 personas.

Además, manifestó su "absoluto" rechazo a las "graves" alusiones lanzadas por Soria, en las que sugería que hubo un comportamiento irregular de dichas compañías en la reciente subasta de la Cesur.