Los servicios legales de la Unión Europea cuestionan la legalidad de la ‘tasa Tobin’

La tasa Tobin es ilegal en la Unión Europea. Los once paises miembros —entre ellos España— que llevan tiempo planeando imponer una tasa a las transacciones financieras se han encontrado con la oposición de los servicios jurídicos comunitarios. La idea, según un documento elaborado por los asesores legales de Bruselas al que ha tenido acceso Financial Times, "infringe" los tratados de la UE y resulta "discriminatorio" para los países que no firmen la iniciativa.

No hay nada definitivo porque las conclusiones del Consejo de Servicios Legales no son vinculantes, pero la influencia que tienen hace previsible que cualquier acuerdo para una tasa común sea mucho menos ambicioso de lo inicialmente previsto.

Las conversaciones para imponer la tasa entre los once países firmantes de la iniciativa —entre los que se incluyen España, Francia, Alemania e Italia— se han estancado en los detalles respecto a cómo debería aplicarse y qué alcance debería tener.

En su documento, el Consejo de Servicios Legales cuestiona uno de los puntos fundamentales del proyecto, el denominado "principio de residencia", que plantea gravar a las entidades en función de dónde se ubique su sede en vez de dónde se realice la transacción.

En este sentido, los expertos de la UE llegaron a la conclusión de que la definición de dónde se establece una compañía "excede la jurisdición de los Estados miembros para aplicar tributos bajo las normas del derecho internacional consuetudinario, tal como se entienden en la UE".

Por otro lado, los juristas indicaron que la medida "no es compatible" con los tratados de la UE, ya que "infringe las competencias fiscales de los Estados no participantes" y encontraron que la provisión era "discriminatoria y probablemente llevaría a distorsionar la competencia en detrimento de los miembros no participantes".

Las conclusiones de este órgano supondrán un impulso a las tesis defendidas por Reino Unido, que ha argumentado que la proposición era ilegal y superaba la jurisdicción de los países implicados. Asimismo, la opinión representa un gran golpe para la Comisión Europea, que había insistido en la legalidad del amplio alcance de la propuesta.

De hecho, un funcionario de la UE consultado por el diario británico e involucrado en el diseño de la tasa defendió que la Comisión se mantenía en su valoración legal y discrepaba significativamente con los argumentyos esgrimidos por el Consejo de Servicios Legales.