Empleo crea un buzón anónimo para denunciar casos de fraude laboral

Para la ministra de Empleo, Fátima Báñez, “el Estado de bienestar español y las conquistas sociales alcanzadas” están en peligro. Y no, la crisis no tiene la culpa. La gran amenaza se llama fraude laboral y, ante tamaño desafío, la ministra ha recurrido a un arma inesperada: el chivatazo ciudadano. Si sabe usted de una tienda que contrata a gente sin contrato, de un vecino que trabaja en negro o de alguien que cobra el paro de forma irregular, el Ministerio le invita a entrar en su página web y rellenar un formulario de forma anónima. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) tomará el relevo y, en su caso, investigará las presuntas "conductas fraudulentas e insolidarias".

Báñez ha anunciado este lunes, en una carta abierta a los medios, esta medida que completará el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que su departamento puso en marcha hace año y medio. El Ministerio llama así a cualquier persona que conozca incumplimientos de la normativa, "ya sea laboral, de Seguridad Social o de prevención de riesgos", a informar a la ITSS sin necesidad de aportar ningún dato personal.“Todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicar el fraude”, defiende la ministra.

"El buzón solo recogerá información sobre las presuntas irregularidades de las que se tenga conocimiento", explica Empleo, que pide que los datos sean lo más detallados posible para que, si lo considera oportuno, pueda planificar las actuaciones "de la forma más adecuada".

Por otra parte, cuando el denunciante quiera ser considerado parte o interesado en el procedimiento deberá presentar una denuncia formal en la que tendrá que aportar todos sus datos personales y "utilizar las diferentes vías para el registro formal de la denuncia".

Más de 60.000 prestaciones de desempleo retiradas por fraude

En la misma carta, la ministra ha comunicado que, en el primer semestre de 2013, se retiró la prestación de desempleo a 60.004 personas que la cobraban de forma indebida, un 14,8% más que en el mismo periodo del año pasado. Los infractores carecían de "disponibilidad para el empleo" o incumplían "los requisitos de acceso y de mantenimiento" de la prestación. La medida ha supuesto un ahorro de 915,2 millones de euros, 119 millones más que en los seis primeros meses de 2012.

Báñez también ha resaltado que se han aumentado en un 30,5% las infracciones de empresarios que emplearon a gente que cobraba el paro o que facilitaron indebidamente el acceso a las prestaciones por desempleo.

El ministerio ha detectado, asimismo, a 5.833 trabajadores que compatibilizaban de forma fraudulenta las prestaciones con el trabajo, o que las han obtenido irregularmente, un 28,88 % más que en el mismo periodo del año pasado.

Báñez ha reconocido que queda "aún mucho trabajo por hacer" para acabar con un problema que, según ella, "ataca el corazón de nuestro Estado de Bienestar y las conquistas sociales alcanzadas con el esfuerzo de todos".