El Gobierno regulará la función y la selección de los directivos públicos

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado este martes la aprobación de una nueva ley de la función pública del Estado y un estatuto del directivo público, como parte de las reformas de la administración que impulsa el Gobierno.

En cuanto a los directivos públicos, con esta normativa se diseñará el régimen jurídico aplicable a este "colectivo esencial", se precisará cuál es la vinculación de estos directivos y la administración, el proceso de selección, la evaluación "permanente" de su rendimiento. Con el estatuto que regule esta figura se pretende llenar el "vacío legal que sitúa en un extraño limbo" a estos profesionales, "materia gris" de la administración pública, ha dicho el Secretario de Estado.

Durante la inauguración de unas jornadas sobre las administraciones públicas del sindicato CSI-F, Beteta ha apostado por "potenciar la figura de los empleados públicos" como pieza "importante" de la modernización y reforma de las administraciones.

En este marco, el Ejecutivo además elaborará una nueva ley de la función pública de la Administración General del Estado, con la que se pretende dar "el soporte jurídico definitivo a los funcionarios". La norma recogerá instrumentos de ordenación de la función pública, la estructura de la carrera administrativa y mejoras en los procedimientos. "Será una ley ambiciosa, quizá un pelín revolucionaria", ha dicho Antonio Beteta.

Beteta ha querido subrayar "la trascendencia de estas dos normas" dentro del "desafío" de "redefinir las administraciones públicas" y sus contenidos, ha agregado, podrán ser asumidos "en buena medida" por las comunidades autónomas.

El secretario de Estado ha asegurado que es el momento del "cambio" de la administración y ha advertido contra uno de los principales enemigos, a su juicio: "El miedo, miedo al cambio, a nosotros mismos, a la capacidad de reinventarnos, miedo a no ser capaces de salir adelante".

Antonio Beteta ha anunciado también que la reforma de la administración local será enviada al Congreso en los primeros días de julio. El proyecto se encuentra en el Consejo de Estado, que debe entregar su informe al Gobierno para que éste apruebe el proyecto definitivo que remitirá a las Cortes.

El secretario de Estado ha defendido que el Ejecutivo "mantiene el impulso reformista" con el que inició la legislatura, ha dicho, y la lucha contra el déficit, que le ha llevado a tomar "decisiones sobre el gasto público". "El déficit es una rémora, como un deportista que va a una competición con zapatillas de plomo", ha dicho.

El presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha reclamado por su parte que el Gobierno aproveche la reforma de las administraciones públicas que está impulsando para modernizar esta estructura, impulsar la eficacia, la eficiencia y la transparencia.

Borra ha reclamado además que se motive a los profesionales públicos y que se luche "contra la politización de las administraciones" y de la defensa de sus empleados. "La administración no es de derechas ni de izquierdas, no es de nadie", ha sentenciado.